El Consejo Nacional del Partido Justicialista difundió un documento en el que expresó su “solidaridad” con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco del pedido de condena de la fiscalía en el juicio el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz, y convocó a todos los peronistas a “mantenerse unidos, organizados, movilizados y en alerta permanente”.
Así lo expresó en un documento dado a conocer al término de una reunión mantenida en la sede partidaria de la calle Matheu 130, en la ciudad de Buenos Aires, de la que participó de manera virtual el presidente Alberto Fernández, titular del partido a nivel nacional.
En el texto, el PJ llamó a “defender la vigencia de una verdadera democracia y de los derechos conquistados, sin persecución de la más importante líder del pueblo argentino”.
En esta línea, se indicó que “se está utilizando el aparato judicial” para darle una apariencia de legalidad y así conseguir “deslegitimar de los procesos políticos de dignificación y defensa de los pueblos”.
También denunciaron que el “mecanismo de lawfare utilizado contra la Vicepresidenta, al igual que sucediera con otros líderes populares latinoamericanos como Lula Da Silva en Brasil, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, entre otros, entraña la utilización del aparato judicial con apariencia de legalidad para deslegitimar los procesos políticos de dignificación, soberanía y defensa de los Pueblos de la Patria Grande”.
“El Estado de derecho se encuentra peligrosamente jaqueado por la acción sistémica de los poderes reales, que inescrupulosamente arman causas judiciales para encauzar penalmente a quienes representan y luchan por lo intereses populares, mientras garantizan la impunidad de aquellos saqueadores que endeudaron el país”, afirmaron.
Asimismo, el PJ acusó a sectores del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal de haberse erguido como “protagonistas del cerco mediático y judicial”, y esto evidencia “el miedo que le tienen a una mujer sin miedos que no dudó en defender a su pueblo”
En esta línea consideraron que ha habido “groseras violaciones a los derechos y garantías constitucionales” de la vicepresidenta durante el proceso judicial “amañado”.
“Nuestro movimiento debió resistir la feroz persecución contra sus dirigentes en mas de una oportunidad”, señalaron.