El Partido Justicialista expresó su rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional, al afirmar que forma parte de las exigencias del Fondo Monetario Internacional y que busca profundizar un esquema de “menos derechos, más horas de trabajo y salarios más bajos” para los trabajadores argentinos.

En un comunicado, el PJ —presidido por Cristina Fernández de Kirchner— sostuvo que no se opone a debatir cambios en la legislación laboral, pero sí a “la precarización disfrazada de reforma”. El partido pidió la presencia de un Estado que “marque el rumbo y no legalice abusos”, y advirtió que la Argentina no debe transformarse en “el laboratorio de precarización del FMI”, sino en un país que promueva “trabajo digno y producción para el siglo XXI”.

Según los datos que difundió la conducción partidaria, desde fines de 2023 se cerraron más de 19.000 empresas y se destruyeron más de 276.000 empleos formales, cifras que calificaron como un “ataque al corazón productivo nacional”. Para el PJ, el problema no radica en las leyes laborales, sino en “el desplome del consumo interno, los salarios pulverizados y la falta de crédito”.

La fuerza política advirtió además que la reforma no se origina en la realidad local, sino “en Washington”, y que la primera fase de flexibilización impulsada mediante la Ley Bases no solo no generó empleo, sino que aceleró la pérdida de puestos de trabajo.

En ese marco, el partido planteó una serie de prioridades para el mundo laboral: la recuperación del salario, la reducción de la jornada laboral, la actualización de regímenes y el reconocimiento de nuevos derechos. Entre ellos, mencionaron la desconexión digital, la ampliación de licencias parentales, la inclusión de monotributistas, la prevención de accidentes y trastornos de salud mental, y la efectiva participación de los trabajadores en las ganancias.