La iniciativa aprobada propone destinar un 1% de las vacantes de la administración pública a personas travestis o trans o transgénero.
De acuerdo a la iniciativa, el Estado deberá contratar al menos el 1 por ciento de la dotación de la administración pública, en todas las modalidades de contratación regular vigentes, a personas travestis, trans y transgénero.
La sesión fue seguida desde el recinto de la Cámara alta por representantes de la comunidad trans, que calificaron como “un día histórico” el de hoy por la discusión de esta ley.
En la apertura del debate, la presidenta de la Banca de la Mujer, Norma Durango, declaró que la ley “produce una hermosa y estupenda sensación” ya que “después de tantos años nuestro país tendrá una ley que beneficia al colectivo de gays, lesbianas, travestis, trans y otra identidades de género”.
“Esta ley viene a compensar tanto dolor y tanto desamparo sufrido durante décadas y tantas vidas truncas”, sostuvo Durango, y añadió que los senadores tienen hoy “la oportunidad de revertir una realidad de discriminación y violencia que somete a las personas travestis, trans y transgéneros”.
Durango señaló que se busca con la norma “establecer medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral para una igualdad real de oportunidades en todo el territorio nacional”.
También subrayó que se discute “algo más que el cupo laboral” y afirmó que es un debate sobre “derechos humanos”.
Durango marcó que las personas de este colectivo “continúan recibiendo restricciones par acceder al trabajo y dificultades para vivir en condiciones dignas” y recordó que la expectativa de vida es de entre 35 y 40 años.