El sector agropecuario encendió las alarmas tras conocerse que el Gobierno nacional eliminará el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el organismo encargado de fiscalizar y controlar el comercio legal de semillas en el país. El decreto, redactado por el asesor presidencial Federico Sturzenegger, se publicaría el lunes en el Boletín Oficial.

La medida inquietó a empresas y productores vinculados al negocio de las semillas, ya que temen que la eliminación del INASE dispare el comercio ilegal, un circuito que actualmente mueve cientos de millones de dólares en Argentina.

Además del INASE, el decreto contempla la disolución de la Comisión Nacional de Semillas (CONASE), cuyas funciones pasarán a depender de la Secretaría de Agricultura. También desaparecerá la Agencia Regulatoria del Cannabis (Ariccame): la regulación del uso industrial quedará bajo la órbita del Ministerio de Economía, mientras que la regulación del cannabis medicinal pasará a manos de la ANMAT.

Otra dependencia que será eliminada es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI). Sus competencias también serán absorbidas por el Ministerio de Economía, en una concesión de Sturzenegger hacia el titular de esa cartera, Luis “Toto” Caputo, quien inicialmente se había opuesto a los cambios por temor a tensar aún más su relación con sectores del agro.

En paralelo, otros organismos perderán su estatus de autarquía: el INTA será convertido en un ente desconcentrado dentro de la Secretaría de Agricultura; el INTI pasará a ser una unidad organizativa bajo la órbita de la Secretaría de Industria, aunque conservará su nombre para cuestiones internacionales; y el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) se integrará a la estructura del área de Agricultura, con funciones acotadas a la fiscalización en la última etapa de la cadena productiva.

También el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) dejará de ser autónomo y pasará a depender de la Secretaría de Industria y Comercio.

Según el decreto, todas estas medidas se justifican en la supuesta ineficiencia de los organismos eliminados o modificados. El texto oficial argumenta que muchas de sus tareas se superponen con otras dependencias estatales y que han generado “una burocracia innecesaria y costosa”, sin mejoras comprobables en su desempeño institucional.