El ajuste sobre la ejecución presupuestaria nacional no dio tregua con el inicio de 2026. Un informe del Centro de Estudios Políticos de Argentina advierte que durante enero el recorte del gasto público se profundizó, replicando la lógica aplicada a lo largo de la gestión del presidente Javier Milei y afectando de lleno a áreas clave del Estado como salud, educación, ciencia, seguridad social y obra pública.

Según el relevamiento, la caída real del gasto total de la Administración Pública Nacional alcanzó el 22% interanual en comparación con 2023, una contracción que impacta directamente en la capacidad de respuesta estatal. El estudio remarca que el ajuste se concentró en partidas sensibles, mientras que otros rubros conservaron o incluso ampliaron sus recursos.

En ese esquema, el único organismo que escapó a la lógica de la motosierra fue la Secretaría de Inteligencia del Estado, que registró un incremento del 69% en relación a 2023. A su vez, los Servicios de Deuda Pública absorbieron el 8% del gasto total, manteniendo un peso central en la estructura presupuestaria.

El informe detalla recortes profundos en organismos estratégicos. El Instituto Malbrán sufrió una baja del 34% y la Anmat del 56%, mientras que la Superintendencia de Servicios de Salud apenas retrocedió un 1,4%. En contraste, el Incucai mostró un aumento del 97%. En tanto, hospitales nacionales, la Agencia Nacional de Discapacidad y el Instituto Nacional del Cáncer no contaban con datos disponibles para enero.

En el sistema científico y tecnológico, los recortes fueron generalizados: el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó un 76%, la Conae un 24%, el Conicet un 21%, el Servicio Meteorológico Nacional un 41%, la Fundación Miguel Lillo un 28% y la Coneau un 3%.

La Seguridad Social también fue alcanzada por el ajuste. La Anses registró un recorte del 10%, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del 72% y el Inaes del 34%. En Desarrollo Social, programas centrales quedaron virtualmente anulados, con caídas del 100% en Economía Social, Plan Nacional de Protección Social, Primera Infancia y Comedores Comunitarios y Merenderos.

El panorama educativo fue igualmente crítico. Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula, al igual que el fortalecimiento edilicio de jardines infantiles. Becas y Gestión Estudiantil cayeron un 63%, la formación docente un 44%, la infraestructura educativa un 99% y el desarrollo de la educación superior un 13%.

En salud, varios programas quedaron paralizados: Atención Sanitaria en el Territorio, VIH, hepatitis, tuberculosis y lepra, y enfermedades crónicas no transmisibles registraron recortes del 100%. Otros, como acceso a medicamentos y tecnología médica, prevención de patologías específicas y enfermedades endémicas, también sufrieron fuertes caídas, con excepciones mínimas.

El ajuste se completó con una virtual paralización de la obra pública y el transporte, donde la ejecución presupuestaria mostró descensos de entre el 96,5% y el 100%. Un comienzo de año que deja en evidencia prioridades claras: recorte para las mayorías, alivio para unos pocos.