El “Coimagate”, la investigación que expone una amplia trama de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad, cerró este viernes su primera etapa clave: quince imputados se presentaron ante el juez federal Sebastián Casanello y la mayoría decidió no declarar.

El proceso entra ahora en un momento decisivo. La Cámara Federal porteña ordenó al magistrado determinar la autenticidad de los audios filtrados en los que se escucharía al ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, describiendo el circuito de coimas. La medida podría alterar el rumbo de la causa, porque desplaza el foco hacia el origen de la denuncia en lugar de concentrarse en la estructura de corrupción ya relevada por otras pruebas.

Entre los acusados que guardaron silencio figuran nombres centrales: Spagnuolo, estrechamente vinculado al presidente Javier Milei; Daniel Garbellini, ex responsable del programa Incluir Salud; y el empresario Miguel Ángel Calvete, señalado como presunto jefe de la asociación ilícita. La defensa de Spagnuolo sostiene que los audios fueron manipulados con inteligencia artificial y busca anular todo lo actuado bajo el argumento del “fruto del árbol envenenado”.

Mientras tanto, el juez debe resolver los procesamientos, un paso que se descuenta será amplio. En paralelo, el fiscal Franco Picardi avanza sobre el circuito financiero de la maniobra y prepara nuevas citaciones vinculadas al presunto blanqueo de fondos ilegales. En esta línea investiga a Sergio Mastropietro y Alan Pocoví, considerados posibles responsables de dar apariencia lícita al dinero generado dentro de la estructura de corrupción en la Andis.