La Justicia de Estados Unidos volvió a fallar en contra de la Argentina en la causa vinculada con la expropiación de Aerolíneas Argentinas y confirmó la obligación del Estado nacional de pagar una indemnización cercana a los 391 millones de dólares al fondo de inversión Titan Consortium.
La decisión fue adoptada por la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia, que rechazó el recurso presentado por la Argentina y dejó firme la sentencia que reconoce el derecho del demandante a cobrar la compensación, a la que deberán sumarse los intereses correspondientes.
El litigio tiene su origen en un laudo emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), organismo del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros. Ese tribunal había fallado a favor de los demandantes, decisión que posteriormente fue reconocida por la Justicia estadounidense.
La controversia se remonta a la estatización de Aerolíneas Argentinas y Austral, concretada en 2008, cuando ambas compañías estaban bajo el control del grupo español Marsans. Inicialmente, el reclamo fue impulsado por esa empresa y luego los derechos de la demanda fueron transferidos a Burford Capital, para finalmente quedar en manos de Titan Consortium.
La Argentina intentó anular el laudo arbitral, pero ese planteo fue rechazado por el CIADI. Más adelante, los tribunales estadounidenses también convalidaron la resolución y ordenaron el pago de la indemnización.
Durante los últimos meses ambas partes mantuvieron negociaciones con el objetivo de alcanzar un acuerdo que evitara nuevas instancias judiciales, aunque las conversaciones no prosperaron y el Estado argentino decidió no avanzar con una solución negociada.
Tras la confirmación del fallo, el fondo demandante inició acciones para intentar ejecutar la sentencia mediante el embargo de bienes argentinos en el exterior. Sin embargo, ese procedimiento podría enfrentar obstáculos legales, ya que los activos soberanos cuentan con distintas protecciones jurídicas que dificultan este tipo de medidas.