“Ahora todo depende de si se suicidan o no los otros gobernadores”. La frase, pronunciada durante una reunión entre mandatarios peronistas y dirigentes de la CGT, sintetizó el clima de preocupación frente al avance de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. El rechazo al proyecto es amplio dentro del peronismo, aunque la definición final quedará condicionada por la postura de los gobernadores considerados “dialoguistas”, que mantienen vínculos con la gestión de Javier Milei pese a que la iniciativa también afectaría de lleno a sus provincias.
Del encuentro participaron el gobernador pampeano Sergio Ziliotto, junto a sus pares de La Rioja y Tierra del Fuego, quienes lo hicieron por videoconferencia. La reunión fue encabezada por el bonaerense Axel Kicillof en las oficinas del Banco Provincia en la Ciudad de Buenos Aires, y contó con la presencia de Gildo Insfrán (Formosa) y Elías Suárez (Santiago del Estero). El objetivo central fue acordar una estrategia común para frenar la sanción de la reforma laboral.
Según publicó Página/12, uno de los planteos más duros fue el del gobernador riojano Ricardo Quintela, quien calificó el proyecto como “un retroceso en los derechos de los trabajadores” y advirtió que también implica “una quita de recursos para las provincias argentinas”, al incorporar cambios tributarios y fiscales de manera “incorrecta e indebida” dentro de una reforma laboral.
Ese mismo argumento ya había sido expuesto por Ziliotto días atrás, durante una reunión con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Allí el mandatario pampeano expresó su rechazo a la iniciativa, en especial por el impacto negativo que tendría sobre las finanzas provinciales.
El matutino porteño detalló que el artículo 191 del proyecto libertario modifica la Ley del Impuesto a las Ganancias en beneficio de las grandes empresas, con un fuerte impacto sobre la recaudación general. Un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) advirtió que la medida afectaría directamente a la masa coparticipable, reduciendo los fondos que reciben las provincias. Solo en Buenos Aires, el impacto anual sería de aproximadamente 238.558 millones de pesos.
Los gobernadores coincidieron en que la reforma no solo perjudica a los trabajadores, sino que también debilita a las provincias, que perderían recursos clave para afrontar aumentos salariales y sostener la calidad de los servicios públicos. Por ese motivo, los seis mandatarios acordaron mantenerse en contacto permanente para definir una estrategia conjunta que permita frenar el avance del proyecto.
Como primera consecuencia del encuentro, se abrió formalmente una mesa de discusión con la Confederación General del Trabajo. Participaron, entre otros, los secretarios generales Jorge Sola, Cristian Jerónimo y Octavio Argüello; el secretario adjunto Andrés Rodríguez y el secretario del Interior Héctor Daer, algunos de ellos de manera virtual. De acuerdo a Página/12, los gremialistas compartieron una comida con los gobernadores.
Tras la reunión, Sola explicó que el objetivo del diálogo fue “que los gobernadores nos entendieran y escucharan”, y remarcó que el debate no debe limitarse únicamente a la coparticipación. Además, lanzó una advertencia hacia los gobernadores peronistas que no participaron del encuentro, como los de Tucumán, Catamarca y Salta: “Tendrán que ser lo suficientemente responsables con los trabajadores de sus provincias y hacerse cargo de lo que digan y hagan en la sesión del miércoles”.