El Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), Marcelo Jorge Campoy, se encuentra en el ojo de la tormenta tras una denuncia presentada por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). La acusación apunta a la presunta malversación de fondos públicos y el desvío de recursos que estaban destinados al mantenimiento de la red vial del país.
Fondos faltantes y sospechas de desvío
Según la denuncia, presentada ante el juzgado de Sebastián Ramos, en 2024 el presupuesto destinado a la conservación de rutas nacionales ascendía a $609.672 millones, pero solo se ejecutaron $332.392 millones. Esto dejó un saldo de $277.000 millones sin utilizar, lo que habría agravado el deterioro de las rutas y generado un impacto negativo en la seguridad vial.
Además, se cuestiona la administración de los recursos provenientes del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono. Por ley, estos fondos deben dirigirse exclusivamente a la infraestructura vial a través del Fideicomiso de Infraestructura del Transporte. Sin embargo, FEPEVINA sostiene que una parte de este dinero habría sido utilizada para otros fines, lo que configuraría un caso de malversación de fondos públicos.
Consultados sobre la acusación, desde Vialidad Nacional evitaron hacer declaraciones al respecto.
El impacto en la seguridad vial
El estado de las rutas nacionales ha empeorado considerablemente, según se desprende del informe presentado en la denuncia. Datos del Sistema SIG VIAL indican que el 60% de la red vial se encuentra en condiciones críticas, con un 23% catalogado como “malo” y un 22,1% en estado “regular”.
Este deterioro tiene un impacto directo en la seguridad de los conductores. Según la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), las muertes por accidentes de tránsito aumentaron un 14% en 2023, alcanzando un total de 4.369 víctimas fatales. Desde FEPEVINA, responsabilizan a las autoridades por la falta de mantenimiento y advierten que cada peso no invertido en conservación terminará costando entre tres y cinco veces más en futuras obras de rehabilitación.
Deficiencias en los controles y un sistema al borde del colapso
Otro punto crítico señalado en la denuncia es la falta de controles adecuados en el pesaje y dimensiones de los vehículos que circulan por las rutas. Solo el 35% de los puestos de control operan correctamente, lo que facilita el deterioro del pavimento y genera una competencia desleal en el sector del transporte. Además, se menciona el vandalismo y la falta de seguridad en estos centros, lo que agrava aún más la crisis de infraestructura.
Más allá del impacto en la seguridad vial, el deterioro de la red también afecta a la economía. Los costos logísticos aumentan, la vida útil de los vehículos se reduce y el transporte de bienes se vuelve más costoso e ineficiente, perjudicando tanto a las empresas como a los consumidores.
La denuncia contra Campoy marca un nuevo capítulo en la crisis de la infraestructura vial del país. Ahora, la justicia deberá investigar si realmente hubo desvío de fondos y si estos manejos irregulares contribuyeron al preocupante estado de las rutas argentinas.