El Gobierno nacional dio un paso clave en el proceso licitatorio de la Hidrovía Paraná-Paraguay al recomendar la adjudicación de la concesión al consorcio conformado por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus. La decisión surge tras la evaluación técnica y económica de las ofertas presentadas para operar la principal vía de transporte fluvial del país.

La resolución corresponde a una preadjudicación, por lo que todavía resta cumplir con una etapa administrativa. A partir de la publicación del dictamen se abrió un plazo de siete días para que los participantes puedan presentar observaciones o impugnaciones antes de que se concrete la adjudicación definitiva.

Según la evaluación oficial, la propuesta de Jan de Nul y Servimagnus logró una mejor calificación técnica que la presentada por la empresa belga DEME. En la instancia económica ambas ofertas resultaron similares, por lo que el puntaje obtenido en las etapas previas terminó inclinando la balanza a favor del consorcio preadjudicado.

La concesión contempla tareas de dragado, balizamiento, mantenimiento y modernización de la denominada Vía Navegable Troncal, un corredor estratégico para el comercio exterior argentino. Por esta ruta fluvial circula cerca del 80% de las exportaciones nacionales, especialmente productos agroindustriales provenientes de la región centro y norte del país.

El futuro contrato tendrá una duración de 25 años e incluirá inversiones destinadas a mejorar la seguridad de la navegación, optimizar la logística portuaria y ampliar la capacidad operativa de la vía navegable. Desde el Gobierno sostienen que estas mejoras permitirán reducir costos de transporte y fortalecer la competitividad exportadora.

La licitación de la Hidrovía estuvo rodeada de debates y cuestionamientos durante los últimos meses. Distintos sectores plantearon observaciones sobre el proceso, mientras que organismos de control señalaron aspectos que consideraron necesarios revisar para garantizar transparencia y seguridad jurídica. Pese a esas discusiones, el procedimiento avanzó hasta llegar a la actual instancia de preadjudicación.

Si no prosperan impugnaciones durante el período previsto, el Gobierno nacional avanzará con la adjudicación definitiva y la firma del contrato que definirá quién estará a cargo de la principal vía fluvial de exportación de la Argentina durante las próximas décadas.