Un grupo de senadores nacionales presentó un proyecto para endurecer las sanciones contra quienes destruyan bosques nativos, en un intento por frenar el avance de los daños ambientales registrados en los últimos años. La iniciativa es encabezada por el senador Martín Soria y cuenta con el acompañamiento de legisladores como Alicia Kirchner, entre otros.
El proyecto propone crear un Régimen Penal de Protección al Bosque Nativo, que contemple penas de prisión para quienes talen, desmonten o degraden estos ecosistemas. Las sanciones previstas van de 3 a 10 años de cárcel en los casos más graves, especialmente cuando exista intencionalidad o consecuencias ambientales severas.
Uno de los puntos centrales de la iniciativa es la ampliación de responsabilidades. No solo se busca castigar a quienes ejecuten desmontes ilegales, sino también a funcionarios que autoricen estas prácticas de manera irregular, quienes podrían ser además inhabilitados para ejercer cargos públicos.
Entre los agravantes contemplados se incluyen situaciones en las que el daño tenga fines económicos, implique riesgos para la salud o la vida humana, o genere consecuencias como erosión del suelo y alteraciones en el régimen hídrico.
El proyecto también establece sanciones para quienes excedan permisos otorgados o incumplan normativas vigentes, apuntando a cerrar vacíos legales que, según los autores, permiten que la tala ilegal continúe pese a la aplicación de multas.
La iniciativa se apoya en datos preocupantes: en la última década, Argentina perdió más de 2 millones de hectáreas de bosque nativo. Además, solo entre fines de 2025 y comienzos de 2026, se registraron incendios que arrasaron más de 32.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo áreas protegidas.
Los impulsores sostienen que el esquema actual resulta insuficiente para prevenir estos daños, en parte por limitaciones del Estado vinculadas a recortes presupuestarios y dificultades de control. En ese sentido, consideran necesario incorporar herramientas penales que actúen como un freno efectivo frente a prácticas reiteradas que afectan al ambiente.
El proyecto retoma propuestas previas que no prosperaron y busca alinearse con modelos de otros países de la región, con el objetivo de fortalecer la protección de los recursos naturales y evitar que la degradación ambiental continúe avanzando.

