La Justicia Federal resolvió que el presidente Javier Milei no deberá eliminar el posteo en el que compartió un mensaje agraviando a Ian Moche, un niño de 12 años con autismo que en reiteradas ocasiones le pidió públicamente que dejara de atacarlo.

El fallo fue dictado por el Juzgado Federal N° 4, a cargo de Alberto Recondo, quien rechazó el amparo presentado por la madre del menor, Marlene Florencia Spesso. El magistrado sostuvo que la publicación del mandatario en su cuenta de X está amparada por el derecho a la libertad de expresión.

En una resolución de 32 páginas, Recondo afirmó que “el funcionario puede no hablar en el ejercicio de sus responsabilidades oficiales, sino hablar con su propia voz”, y que la libertad de expresión protege también a los funcionarios cuando opinan como ciudadanos, incluso sobre cuestiones de interés público.

El tuit en cuestión, que Milei reposteó el 1 de junio, vinculaba a Ian con una supuesta operación política junto al periodista Paulino Rodríguez. La publicación, originada en la cuenta anónima “Hombre Gris”, incluía imágenes del niño y lo acusaba de ser parte de una “familia ultrakirchnerista”.

Frente a la agresión, Ian respondió con firmeza: “Lo del tuit no fue un error porque él sabía lo que estaba haciendo. Lo mejor que podría hacer Milei es pedir disculpas públicas. Hay límites y el Presidente no los respetó”. Su madre también cuestionó el accionar presidencial al señalar que “Milei está diciendo, prácticamente, que como Ian es una persona pública, debe soportar el destrato y las injurias”.

El juez, sin embargo, consideró que la publicación “no constituye un ataque a la honra ni a la reputación del menor”, ya que, según su interpretación, el foco del mensaje era una crítica al periodista Rodríguez. Asimismo, remarcó que la cuenta de Milei en X “no es de comunicación oficial” y que, si bien el mandatario es presidente las 24 horas del día, no todas sus expresiones tienen carácter institucional.

Con este fallo, la Justicia convalidó la posición del Ejecutivo, generando un fuerte debate sobre los límites de la libertad de expresión y la responsabilidad de los funcionarios frente a menores y personas con discapacidad.