Justicia: Lijo pidió informes a tres organismos por las denuncias de Tolosa Paz y el gobierno de La Rioja

El juez federal Ariel Lijo solicitó al Gobierno nacional información detallada sobre el manejo de los fondos destinados al mantenimiento y la construcción de rutas, en el marco de una causa penal que investiga el presunto desvío de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) hacia instrumentos financieros. El magistrado ordenó enviar oficios…

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El juez federal Ariel Lijo solicitó al Gobierno nacional información detallada sobre el manejo de los fondos destinados al mantenimiento y la construcción de rutas, en el marco de una causa penal que investiga el presunto desvío de más de $1 billón del Sistema Vial Integrado (SISVIAL) hacia instrumentos financieros.

El magistrado ordenó enviar oficios al Ministerio de Economía, la Jefatura de Gabinete y la Dirección Nacional de Vialidad. También pidió información a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los controles realizados sobre el fideicomiso establecido por el decreto 976/01 y las cuentas del SISVIAL desde 2024 hasta la actualidad.

Tolosa Paz y Quintela, querellantes

La diputada nacional Victoria Tolosa Paz y el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, fueron aceptados como querellantes en la causa. Esta condición les permite proponer medidas de prueba y participar activamente en el avance de la investigación.

Según información aportada por el gobierno riojano, al 31 de mayo de 2026 había $1.001.017.908.957 del SISVIAL colocados en letras del Tesoro y plazos fijos, en lugar de ser destinados a obras viales.

La denuncia sostiene que durante los primeros dos años y medio de la gestión de Javier Milei se asignaron aproximadamente $1,5 billones al sistema, pero solamente se ejecutaron $394.406 millones en obras.

La denuncia contra funcionarios

La presentación impulsada por Tolosa Paz apunta contra el ministro de Economía, Luis Caputo, además de funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación, por una presunta malversación agravada de caudales públicos.

En paralelo, la legisladora de Unión por la Patria consiguió que avance un amparo colectivo ante la Justicia Federal de La Plata, mediante el cual busca exigir la reactivación inmediata de las tareas de mantenimiento vial en la provincia de Buenos Aires.