La apelación está a estudio de la sala II de la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 desde hace un mes, pero los tres integrantes Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico se excusaron de intervenir.
La Cámara Federal porteña revisará un fallo que sobreseyó a Mauricio Macri y a los jueces de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos por sus visitas al expresidente, ante una apelación de la fiscalía que reclamó revocar esa decisión por prematura.
“La decisión del señor juez de primera instancia (Marcelo Martínez De Giorgi) debe ser revocada, en virtud de que no se adecua ni a la normativa aplicable, ni a las constancias” de la causa, sostuvo la fiscal Alejandra Mángano, en el recurso de apelación al que tuvo acceso Télam.
La fiscalía consideró “prematura” la decisión del juzgado que en abril pasado sobreseyó al expresidente y a los dos jueces del máximo tribunal penal del país por entender que no se probó la comisión de ilícitos en visitas a la quinta presidencial y a Casa de Gobierno y que muchas de ellas no fueron acreditadas.
“El principal argumento del juzgado para dictar este temperamento definitivo sería la inexistencia o falta de registro de varios de los encuentros denunciados, aún cuando el soporte informático de los ingresos a Olivos y Casa Rosada no fueron recibidos en este expediente pero sí en otros”, advirtió la fiscalía.
Mángano se refirió a otras causas, como la que investiga la firma del Memorándum con Irán que se cerró por inexistencia de delito en el Tribunal Oral Federal 8 y en las que se tuvo acceso a estos soportes informáticos que consignaron los ingresos a Olivos y Casa Rosada..
“La clausura del proceso mediante el temperamento exculpatorio adoptado luce cuanto menos prematuro, en tanto tal decisión exige una certeza que no encuentra sustento en las probanzas incorporadas a las actuaciones”, sostuvo además la fiscalía.
La apelación está a estudio de la sala II de la Cámara Federal con sede en Comodoro Py 2002 desde hace un mes, pero los tres integrantes Martín Iruzun, Eduardo Farah y Roberto Boico se excusaron de intervenir.
El último en excusarse fue Irurzun, el 31 de mayo último, por lo cual ahora sus colegas de la sala I del Tribunal tendrán que definir en primer lugar si aceptan que se aparten el caso e integrar la sala II para resolver.
En la apelación se postuló que todavía “existen diversas medidas de prueba que podrían realizarse en pos de verificar la existencia de las reuniones aquí denunciadas, así como si en aquellas se produjo una influencia indebida sobre el trabajo de los magistrados”
Entre ellas se sugirió tomar declaración como testigos a “personal que estuviera en funciones en el momento de los hechos y que pudiera haber presenciado en todo o en parte esas reuniones, incautación de registros informáticos de ambos edificios en donde estuvieran las constancias de ingreso y egreso, información acerca de otras personas que hubieran entrado inmediatamente antes e inmediatamente después”
El sobreseimiento resuelto por Martínez De Giorgi se sustenta “en una valoración parcial y aislada de los elementos de prueba incorporados y no alcanzan para descartar, con la certeza negativa requerida en esta etapa instructora, la relevancia jurídico penal de la plataforma fáctica investigada”, advirtió la fiscalía.
“Los datos investigativos hasta aquí reunidos no permiten precisar la existencia de una fuente probatoria confiable respecto a los registros de visitas a las
sedes presidenciales e incluso es posible advertir a simple vista que el informe de Casa Militar agregado en este caso no incluye los registros informáticos de ingreso a la Casa Rosada y a la Quinta Presidencial de Olivos, sino solo algunos registros manuales al primero de los edificios”, detalló Mängano.
Al sobreseer a los imputados, Martínez De Giorgi sostuvo que “la no obtención de pruebas en este proceso penal “no impide que la cuestión sea ventilada en el ámbito institucional en el que debe analizarse la eventual responsabilidad política e los magistrados”.
La denuncia por las visitas de los jueces a Macri fue presentada por los diputados nacionales Martín Soria (actual ministro de Justicia), Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés.
En la presentación se detallaron seis visitas a la Casa Rosada por parte de Hornos para ver a Macri “días antes de dictar sentencias favorables a los intereses de ese mismo Presidente” entre 2015 y 2018.
En cuanto a Borinsky, se denunciaron 18 reuniones; de ellas 16 en la quinta de Olivos y dos en Casa Rosada “con proximidad temporal a la resolución de fallos judiciales en los que los magistrados intervenían, lo que les permitía inferir que había existido una influencia indebida por parte de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo con relación a casos de trascendencia política”.