La Confederación General del Trabajo (CGT) presentó una recusación contra los magistrados que dejaron sin efecto la cautelar que frenaba la reforma laboral, y solicitó la nulidad absoluta del fallo que restituyó la vigencia de la ley.

La central obrera apuntó contra los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, al considerar que incurrieron en prejuzgamiento sobre el fondo de la causa. Según el planteo, ambos magistrados adelantaron opinión al sostener que la reforma no afecta a sectores vulnerables ni compromete el derecho a una vida digna.

En su presentación, la CGT también cuestionó a Pesino por presunto favorecimiento a la posición del Estado nacional, en el marco de una resolución que habilita su continuidad en el cargo más allá de los 75 años, medida publicada en el Boletín Oficial. Para la organización sindical, esta situación configura una incompatibilidad ética y jurídica.

El escrito además critica con dureza la actuación del Estado, al considerar que se trata de una conducta que pone en duda la imparcialidad judicial y afecta la credibilidad institucional. En ese sentido, se advierte sobre una posible afectación al principio de división de poderes.

Desde la CGT sostienen que el fallo fue dictado por jueces alcanzados por causales de recusación, con falta de competencia y errores manifiestos. También remarcaron su preocupación por la interpretación judicial que descarta la vulnerabilidad de los trabajadores en relación de dependencia y minimiza el carácter alimentario de los derechos laborales.

Por su parte, el dirigente Cristian Jerónimo confirmó que la central avanzó con la recusación y reiteró el pedido de nulidad de la sentencia, en el marco de la disputa judicial por la reforma laboral.