La comisión investigadora Libra de la Cámara de Diputados difundió su informe final y determinó que existen elementos suficientes para que el Congreso evalúe si el presidente Javier Milei incurrió en mal desempeño de sus funciones al promover el proyecto financiero conocido como Libra. Según el documento, los argumentos del mandatario —quien sostuvo que solo difundió información pública y desconocía los detalles del emprendimiento— “carecen de sustento fáctico”.

El informe sostiene que se habrían vulnerado disposiciones de la Ley 25.188 de Ética en la Función Pública, al considerar que el presidente utilizó su posición institucional para favorecer un negocio privado incompatible con el ejercicio ético del cargo. También advierte que se constató la realización de actividades ajenas a sus funciones oficiales y el uso de la investidura presidencial en beneficio de intereses particulares.

Denuncias penales y obstrucción institucional.

La Comisión decidió remitir sus actuaciones a la Justicia y formular denuncias penales contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; la ex titular de la Unidad de Tareas de Investigación Libra y ex jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia, María Florencia Zicavo; el titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melik; el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Roberto Silva; y el titular de la Unidad Fiscal de Investigación, Paul Starc. Según el dictamen, podrían haber incurrido en incumplimiento de deberes de funcionario público por entorpecer la labor del Congreso.

El documento señala que las maniobras atribuidas a los funcionarios habrían afectado la capacidad de control parlamentario, constituyendo una interferencia directa con las facultades constitucionales de la Cámara de Diputados.

Impacto institucional.

El diputado Juan Marino, secretario de la comisión por Unión por la Patria, advirtió que “el daño a la credibilidad internacional de la República Argentina es continuado y sigue hasta el día de hoy”. Recordó además que la jueza estadounidense Jennifer Rochon consideró posible que los fondos vinculados a Libra tuvieran como beneficiarios finales a Javier Milei y a su hermana Karina Milei.

Con esto, la comisión cerró su investigación formal, pero dejó abierta la puerta a eventuales procesos judiciales y a un posible examen político sobre la conducta presidencial.