La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso de queja presentado por la defensa de dos directivos de Correo Argentino S.A., vinculados al Grupo Macri, y confirmó así la continuidad de la causa que investiga irregularidades en el acuerdo por la millonaria deuda con el Estado. La decisión lleva la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, e impone además un depósito económico obligatorio a los acusados, bajo apercibimiento de ejecución.
El expediente, que había perdido visibilidad pública, vuelve a escena con fuerza tras este nuevo fallo. La causa, a cargo del juez federal Ariel Lijo desde 2017, analiza posibles delitos en el acuerdo de 2016 entre el Estado Nacional y la empresa Correo Argentino S.A., controlada por Socma, la firma emblema de la familia Macri. El convenio proponía condonar cerca del 99 % de la deuda, lo que fue calificado por la fiscal Gabriela Boquín como una maniobra “ruinosa” y “abusiva” contra el erario público.
El recurso de queja rechazado por la Corte fue presentado por Jaime Cibils Robirosa, presidente de Correo Argentino S.A., y Jaime Kleidermacher, su representante legal. Ambos habían intentado apartar a los jueces de la Cámara Federal, Eduardo Farah y Roberto Boico, por presunta “parcialidad” y una supuesta animosidad hacia el expresidente Mauricio Macri. El argumento fue desestimado por varias instancias judiciales, incluyendo la Cámara de Casación.
El juez Javier Carbajo, en su resolución, sostuvo que la defensa no logró demostrar un fundamento objetivo que avale el “temor de parcialidad”. Por su parte, la Corte Suprema argumentó que el recurso no se dirigía contra una sentencia definitiva, y exigió a los recurrentes el cumplimiento de un depósito obligatorio, conforme al artículo 286 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Además de Cibils Robirosa y Kleidermacher, en la causa también están imputados el exministro de Comunicaciones Oscar Aguad y el exdirector de Asuntos Jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa. Todos ellos están acusados por el acuerdo que pretendía condonar el 98,87 % de la deuda que Correo Argentino mantenía con el Estado desde su privatización en los años noventa.
Con esta resolución, la Corte Suprema no solo reactiva el expediente sino que deja firme la continuidad de una de las causas más emblemáticas que involucra al Grupo Macri, cuyo desenlace puede tener impacto político y judicial en los próximos meses.