En un fallo de alto impacto, la Justicia laboral hizo lugar a un planteo de la Unión Docentes Argentinos y suspendió la aplicación de la reforma laboral en el ámbito educativo, dejando sin efecto de manera provisoria la declaración de “esencialidad” del servicio docente.

La medida, impulsada por el gremio que conduce Sergio Romero, alcanza a todos los docentes del país y representa un revés para uno de los puntos centrales de la normativa, que buscaba limitar la capacidad de realizar medidas de fuerza en el sector.

Desde la organización sindical señalaron que la reforma colisiona con derechos constitucionales, al intentar restringir garantías vinculadas a la actividad gremial. En esa línea, Romero sostuvo que la prioridad del Estado debería ser garantizar salarios dignos y condiciones adecuadas de trabajo, y no avanzar sobre derechos colectivos.

El fallo se suma a otra resolución reciente que, tras una presentación de la Confederación General del Trabajo, suspendió de forma provisoria más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional.

La decisión fue adoptada por el juez Ojeda, titular del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, quien aclaró que se trata de una medida cautelar y, por lo tanto, de carácter transitorio. Según explicó, estas resoluciones son excepcionales y pueden ser revisadas o revocadas a medida que avance el proceso judicial.

En respuesta, el Ministerio de Capital Humano anunció que apelará el fallo con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación.

Entre los puntos suspendidos se encuentran modificaciones sensibles vinculadas a despidos e indemnizaciones, como la exclusión de conceptos no mensuales del cálculo indemnizatorio, los cambios en la antigüedad laboral y la eliminación de la presunción de relación laboral.

También quedó frenada la implementación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un esquema que buscaba reemplazar parcialmente el sistema tradicional de indemnizaciones.

En materia sindical, la resolución dejó sin efecto las disposiciones que ampliaban los servicios mínimos durante huelgas y que incorporaban nuevas actividades bajo la categoría de “importancia trascendental”, lo que en la práctica implicaba mayores restricciones al derecho a huelga.

Además, se suspendieron limitaciones a las asambleas, la reducción de horas gremiales para delegados, recortes en la tutela sindical y posibles sanciones a organizaciones, incluyendo medidas que podían afectar su personería.

Si bien el fallo no resuelve el fondo de la cuestión, sí bloquea por el momento varios de los cambios más controvertidos del proyecto oficial, en un escenario de fuerte tensión entre el Gobierno y los sectores sindicales.