El juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal rechazó la medida cautelar que había iniciado la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo contra el Ministerio de Capital Humano. La UNMA había solicitado el levantamiento inmediato de una retención de fondos y se proceda a la transferencia de más de $550 millones que figuran en el presupuesto nacional.
De esta manera, el Gobierno le ganó una batalla judicial a una institución de la que se considera en las antípodas ideológicas. De hecho, la UNMA viene denunciando un “desfinaciamiento intencional”.
El juez Pablo Cayssials consideró que la pretensión de la Universidad debe desestimarse porque no se aprecian las circunstancias excepcionales necesarias para acceder al reclamo por no resultar suficientes sus afirmaciones.
También confirmó que el planteo efectuado por la Universidad no demuestra de manera clara y evidente que su reclamo tenga una base legal sólida y que no hay una demostración completa de la supuesta arbitrariedad en las acciones de la Administración Pública, que la UNMA había denunciado.
El juzgado concluyó que el asunto en cuestión es un reclamo patrimonial y, por eso, debería encauzarse por otras vías, dado que no se encontro prueba de un perjuicio irreparable como para justificar una medida cautelar en esta situación.
El Estado Nacional cuestionó la legitimación de la rectora, Cristina Caamaño Iglesias Paiz, ya que la designación por la resolución Nº 2534/23 del ex Ministerio de Educación, quedó sin efecto por la resolución Nº 45/24, emitida por el Ministerio de Capital Humano.
Por otro lado, denunció que el acta de fecha 05/03/24, mediante el cual se dejó constancia de los comicios de asamblea llevados a cabo para su designación, carecen de validez, al no contar con la aprobación pertinente con lo previsto en el art. 49, de la Ley de educación superior y del art. 23, del Decreto Nº 176/96. Esto significa que la Universidad de Madres de Plaza de Mayo no tiene autorizada su puesta en marcha.
El reclamo de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo
Desde principios de año, la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo no recibe los fondos previstos en el presupuesto nacional. “Esto se traduce en que docentes y no docentes de la UNMA no cobren sus sueldos desde principios de año, y que nos hayamos visto obligados a virtualizar la cursada de todas las carreras”, señaló al rectora Cristina Caamaño.
“Han sido numerosas las acciones que llevamos adelante, tanto administrativas como judiciales, para lograr que esta injusticia se revierta. Y si bien lo que nos pasa se inscribe en un proceso de fuerte ajuste a las Universidades Nacionales, que encontró como respuesta la multitudinaria Marcha Nacional Universitaria realizada el 23 de abril pasado, entendemos que el caso de la UNMa reviste un carácter particular”, expresó Caamaño en un comunicado.
La rectora de la UNMA manifiesta que el desfinanciamiento es “intencional y que se enmarca en un ataque directo motivado por cuestiones ideológicas. Debido al ataque hacia las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que han expresado diversos funcionarios del Gobierno Nacional, sumado a los dichos despectivos con que se expresó la Vicepresidenta de la Nación respecto al nivel académico de la UNMa”.
“Una embestida a la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo que parece ser para este gobierno una parte central de sus políticas negacionistas, poniéndola como blanco privilegiado de sus ataques y discriminaciones. Porque no sólo se niegan a brindar el dinero ya existente en el presupuesto y destinado a nuestro funcionamiento, sino además intenta impedir nuestras actividades con un sinnúmero de trabas burocráticas”, indicó Cristina Caamaño.
Además, argumentó que la UNMa “es un faro para la consolidación de una enseñanza pública, gratuita y de calidad, que pueda dotar a nuestras sociedades de profesionales comprometidos con el respeto irrestricto a los derechos humanos. Algo que se torna fundamental ante la reaparición de discursos de odio, negacionistas e incluso reivindicativos del accionar genocida de la última dictadura cívico eclesiástico militar”.