La Justicia Federal dispuso frenar de manera preventiva el proceso de privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), impulsado por el Gobierno nacional. La decisión fue adoptada por el juez federal en lo Contencioso Administrativo N° 2 de La Plata, Mariano López, quien consideró necesario detener el avance de la medida hasta analizar sus posibles consecuencias ambientales y sociales.

La resolución surgió a partir de una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, que advirtió que el esquema propuesto no garantiza adecuadamente el acceso al agua potable ni contempla la situación de los pasivos ambientales existentes en territorio bonaerense.

En sus fundamentos, el magistrado señaló que la privatización no incorpora mayores obligaciones vinculadas a la cobertura sanitaria, la prevención de daños ambientales ni la recomposición de eventuales perjuicios. Además, sostuvo que el nuevo esquema podría reducir exigencias regulatorias y demorar la ejecución de obras consideradas esenciales para el servicio.

La medida fue elevada a la Cámara Federal de La Plata para su revisión. Mientras tanto, queda suspendido cualquier avance en el proceso de venta de la empresa estatal.

Desde la Defensoría bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, habían advertido que la privatización podría afectar inversiones, tareas de mantenimiento, expansión de redes, saneamiento ambiental y la continuidad de un servicio considerado fundamental para la población. Según la presentación judicial, esos aspectos no habrían sido debidamente contemplados en las condiciones previstas para la licitación.

El plan oficial contempla la venta de al menos el 51 por ciento de las acciones de la compañía a un operador estratégico, mientras que el porcentaje restante sería ofrecido en el mercado bursátil. El nuevo contrato de concesión prevé una duración de 30 años, con la posibilidad de extenderse por una década adicional.

La discusión también reavivó el debate sobre los antecedentes de la gestión privada del servicio. AySA tiene sus orígenes en Obras Sanitarias de la Nación, creada en 1912. Durante la década de 1990, la prestación fue concesionada a la empresa Aguas Argentinas, controlada por capitales franceses. Sin embargo, en 2006 el Estado nacional recuperó la administración tras cuestionamientos relacionados con inversiones, expansión de la red y cumplimiento de compromisos asumidos.

Diversos estudios académicos sobre ese período señalaron que las tarifas registraron incrementos superiores a la inflación y que existieron modificaciones contractuales junto a observaciones sobre el nivel de inversiones comprometidas por la concesionaria.