A pocos días de cumplirse 50 años del último golpe de Estado, relatores especiales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtieron sobre “alarmantes retrocesos” en las políticas de Memoria, Verdad y Justicia en la Argentina.

El señalamiento se da en un contexto en el que el país ha sido históricamente reconocido a nivel internacional por su proceso de justicia transicional desde 1983. Entre los hitos destacados se encuentran la creación de la Conadep, el Juicio a las Juntas, las condenas a represores, el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos y la labor de organismos como Abuelas de Plaza de Mayo, además de la consolidación de sitios de memoria en todo el territorio.

Sin embargo, especialistas del organismo internacional señalaron un “rápido deterioro del liderazgo mundial de Argentina” en esta materia. El pronunciamiento fue firmado por distintos relatores y expertos en derechos humanos, quienes desde 2024 ya enviaron varias comunicaciones advirtiendo sobre esta situación.

Según indicaron, la actual gestión nacional combina discursos que relativizan los crímenes de la última dictadura con decisiones que afectan políticas públicas vinculadas a derechos humanos. Entre ellas mencionaron la reducción de áreas estatales, el desmantelamiento de equipos de investigación, la disminución de recursos destinados a la búsqueda de identidad y cambios en estructuras vinculadas a los juicios de lesa humanidad.

En ese sentido, instaron al Estado argentino a “restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas” y a evitar acciones que puedan debilitar el proceso construido durante décadas.

Los expertos también advirtieron sobre el uso de discursos negacionistas o revisionistas en torno a los crímenes del terrorismo de Estado. Consideraron que este tipo de narrativas representan una vulneración de derechos humanos y remarcaron que el país debe sostener y profundizar su política histórica en la materia.

Asimismo, recordaron que los indultos por graves violaciones a los derechos humanos están prohibidos por el derecho internacional, y señalaron la necesidad de consolidar el camino recorrido en materia de verdad, justicia y reparación.