La política tributaria impulsada por el gobierno de Javier Milei, basada en la reducción o eliminación de impuestos a los sectores económicos más concentrados sin mecanismos de compensación, derivó en una fuerte caída de los ingresos del Estado nacional y profundizó el ajuste sobre el conjunto de la sociedad.

Durante 2025, el fisco perdió recursos por 2,5 billones de pesos en términos reales respecto del año anterior, mientras que el desfinanciamiento acumulado desde el inicio de la actual gestión asciende a unos 12 billones de pesos. El deterioro se da en un contexto de recesión económica persistente, con caída de la actividad productiva y del consumo interno.

La merma en la recaudación se explica, en gran parte, por la eliminación o reducción de más de 19 tributos. Entre ellos se destacan el Impuesto PAIS, que gravaba operaciones en moneda extranjera, y los derechos de exportación, históricamente relevantes para las cuentas públicas. A esto se suman cambios en Bienes Personales y la elevación del mínimo no imponible del Impuesto a las Ganancias, que redujeron la carga sobre los grandes patrimonios.

Distintos análisis coinciden en que estas medidas no lograron mejorar las condiciones del sector productivo, fuertemente condicionado por la caída del consumo y la pérdida de competitividad externa. En contrapartida, el ajuste recayó sobre los hogares, debilitando la demanda y profundizando el estancamiento económico.

El propio Instituto Argentino de Análisis Fiscal advirtió que la recaudación real por habitante en 2025 fue la más baja de los últimos siete años. Además, entre 2023 y 2025 la recaudación coparticipable cayó más que la no coparticipable, afectando de manera directa a provincias y municipios.

En términos concretos, la recaudación tributaria nacional de 2025, medida en moneda constante, mostró un retroceso de 2,5 billones de pesos frente a 2024. El informe técnico señala que cinco de los once grandes grupos de recursos tributarios registraron caídas que no pudieron ser compensadas por el crecimiento de los restantes.

Las proyecciones oficiales tampoco son alentadoras. Las reducciones en contribuciones patronales y en la alícuota del impuesto a las Ganancias corporativas, incluidas en la reforma tributaria que se debatirá en 2026, implicarían una pérdida adicional estimada en el 0,8 por ciento del Producto Bruto Interno.

Entre 2023 y 2025, la recaudación total ajustada por inflación se redujo en unos 12 billones de pesos. Traducido a nivel individual, esto representó un ahorro promedio de impuestos de alrededor de 22.000 pesos mensuales por habitante en términos reales, aunque de manera muy desigual.

El Gobierno presenta estos números como una baja de la presión fiscal total, que pasó del 22,4 por ciento del PIB en 2023 al 21,4 por ciento en 2025. Sin embargo, distintos estudios advierten que el alivio no fue homogéneo: el 92 por ciento de esa reducción no fue absorbida por el Estado nacional, sino por las provincias y la Ciudad de Buenos Aires, que resignaron recursos por coparticipación y otros tributos.

Entre los impuestos con mayor caída de recaudación se encuentra el Impuesto PAIS, con una pérdida estimada en 10,5 billones de pesos, seguido por los derechos de exportación, con 1,5 billones, y Bienes Personales, con 1,1 billones. También registraron bajas los impuestos internos y otros tributos menores, que podrían sufrir nuevos recortes en el marco de las reformas que impulsa el oficialismo.

En contraste, los principales incrementos interanuales se dieron en los aportes y contribuciones a la Seguridad Social, con 6,2 billones de pesos, el impuesto a los combustibles, los derechos de importación, el impuesto al cheque, el IVA y el Impuesto a las Ganancias.

En el comercio exterior, el atraso cambiario, la caída de los precios internacionales y la reducción de la carga tributaria explican buena parte del desbalance fiscal, en un esquema que muestra signos de agotamiento y deja al descubierto los límites de un ajuste sostenido sobre la actividad y los ingresos públicos.