La reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei propone un cambio clave en el mecanismo de pago de indemnizaciones: crear los Fondos de Asistencia Laboral, financiados con recursos que hoy integran el sistema jubilatorio. Distintos especialistas estiman que el desvío desde ANSES hacia estos fondos rondaría los u$s 3.000 millones anuales.

Los FAL funcionarían como un sistema obligatorio para casi todas las actividades, a través del cual las empresas afrontarían las indemnizaciones por despido sin causa. A diferencia de los Fondos de Cese Laboral de la Ley Bases —que tuvieron escasa aplicación—, estos nuevos fondos se integrarán con una contribución mensual equivalente al 3% de la masa salarial bruta de cada empleador.

Ese aporte, sin embargo, no representará un costo adicional para las empresas: se descontará directamente de las contribuciones patronales destinadas al Sistema Integrado Previsional Argentino. En los hechos, se trata de una transferencia automática desde el sistema jubilatorio hacia fondos administrados por entidades privadas autorizadas por la Comisión Nacional de Valores.

Especialistas consultados advierten que el esquema replica la lógica de las antiguas AFJP, al permitir que recursos públicos —que hoy financian jubilaciones— pasen a ser manejados por administradoras privadas. Para el Gobierno, en cambio, la iniciativa apunta a “dinamizar” el mercado laboral y profundizar el mercado de capitales.

Impacto del proyecto.

El texto enviado al Congreso detalla que los FAL se financiarán con un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones que sirven de base para el cálculo de las contribuciones al SIPA. Mientras los fondos no se utilicen para afrontar despidos, serán invertidos en instrumentos financieros regulados por la CNV.

Economistas y especialistas laborales coinciden en que la medida no generará empleo por sí misma y que su efecto más inmediato será la reducción de derechos y la merma de recursos destinados a la seguridad social. El economista Juan Manuel Graña sostiene que la reforma “desfinancia el sistema previsional y amplía el margen de discrecionalidad de las empresas en la relación laboral”.

Según sus cálculos, la transferencia desde ANSES hacia los fondos empresariales podría ubicarse entre u$s 2.600 y u$s 4.700 millones anuales, dependiendo de si se toman los datos del SIPA o de las Cuentas Nacionales. Para el investigador Luis Campos, el monto estaría entre u$s 2.000 y u$s 2.500 millones, a lo que se sumaría la reducción del aporte patronal a obras sociales —del 6% al 5%—, lo que implica un traslado adicional de recursos desde el trabajo hacia el capital.

Otros analistas, como Luciano Patrucco, evalúan que la baja de costos laborales podría incentivar la formalización y ampliar la base de aportantes, aunque reconocen que el impacto fiscal inicial sería significativo. En contraste, Graña advierte que el costo para el sistema previsional sería “inasumible” si se aplica a todo el mercado laboral, y que un esquema de este tipo solo podría considerarse para micropymes bajo un régimen progresivo.

Un posible regreso al modelo de los ’90.

Entre los especialistas crecen las sospechas de que esta reforma podría ser el primer paso hacia una futura reestructuración previsional. El diagnóstico oficial sobre la “falta de sustentabilidad” del sistema jubilatorio, advierten, podría usarse como argumento para reinstalar un esquema similar al de las AFJP, trasladando la lógica de los FAL al régimen de jubilaciones.

El debate en torno a la reforma refleja no solo su alcance económico, sino también la profundidad del cambio estructural que implicaría: menos aportes al sistema de seguridad social, más discrecionalidad empresarial y un fuerte traspaso de recursos desde el trabajo hacia el capital.