Con el regreso paulatino de los legisladores tras el receso de verano, el oficialismo intenta reactivar las negociaciones para avanzar con la reforma laboral, cuyo tratamiento está previsto para el 10 de febrero en el Senado. La estrategia del Gobierno apunta a acelerar el debate para convertir el proyecto en ley antes del 1 de marzo, pero en las últimas horas comenzaron a surgir señales de alerta incluso entre sus propios aliados.

Desde el PRO y bloques cercanos a La Libertad Avanza aparecieron reparos al esquema de tratamiento exprés. Referentes del espacio que conduce Cristian Ritondo advirtieron que una reforma de este alcance no puede resolverse de manera apresurada y reclamaron un análisis artículo por artículo antes de fijar una posición definitiva en Diputados, que actuará como cámara revisora.

En la misma línea, el diputado Oscar Zago, del MID, puso en duda el acompañamiento de su bancada y cuestionó con dureza los tiempos impuestos por el oficialismo. Señaló que una reforma laboral requiere discusión profunda y consenso social, y rechazó que se intente llevar el proyecto al recinto sin un debate serio previo.

El texto ya cuenta con dictamen de comisión y será tratado en primer término en el Senado, lo que limita la posibilidad de introducir modificaciones posteriores en Diputados. Desde la oposición advierten que ese mecanismo reduce el margen de participación real de los bloques y expone las tensiones internas del Congreso.

La agenda que impulsan Patricia Bullrich y Martín Menem es ambiciosa: la intención es aprobar la ley de flexibilización laboral durante la última semana de febrero, aun con los feriados de carnaval en el medio. Sin embargo, las críticas de sectores empresariales, sindicales y de bloques aliados comenzaron a erosionar el respaldo que el Gobierno daba por descontado.

PRO y MID integran el nuevo interbloque “Fuerzas del Cambio” junto a la UCR y suman 14 votos que el oficialismo contaba como propios. Con esos apoyos y los 95 diputados de La Libertad Avanza, el Gobierno creía llegar a febrero con 109 votos asegurados, a apenas 20 del quórum. Hoy, ese escenario aparece mucho menos sólido.

Zago, molesto por las versiones que lo incluían automáticamente en el poroteo oficialista, fue contundente: pidió que no se contabilicen votos sin discusión previa y cuestionó el método de negociación del Ejecutivo, al que calificó de improvisado y conflictivo.

En paralelo, Patricia Bullrich, jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza, comenzó una ronda de contactos con otros espacios para acercar posiciones. Las primeras reuniones serán virtuales y se apoyan en conversaciones informales mantenidas en los últimos días, con el objetivo de destrabar el tratamiento durante las sesiones extraordinarias de febrero.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, mantiene reuniones con gobernadores para sumar respaldos políticos. Esta semana viajará a Corrientes y Misiones para dialogar con Juan Pablo Valdés y Hugo Passalacqua. De concretarse esos apoyos, el Gobierno alcanzaría el aval de diez provincias.

Hasta el momento, la Casa Rosada ya cuenta con el respaldo de los gobernadores Rogelio Frigerio, Alfredo Cornejo, Leandro Zdero, Gustavo Sáenz, Marcelo Orrego, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, entre otros.

La Libertad Avanza apuesta a que febrero sea un mes clave para avanzar no solo con la reforma laboral, sino también con la Ley de Glaciares, el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea y la iniciativa para bajar la edad de imputabilidad penal. Sin embargo, las fisuras internas y la resistencia creciente ponen en duda que la reforma laboral llegue al recinto con los votos necesarios, dejando al proyecto pendiendo de un hilo.