Se abre un nuevo capítulo en la tensión entre las autoridades universitarias y el Poder Ejecutivo nacional. Luego de que el Ministerio de Capital Humano ratifique la legalidad de las auditorías de Sindicatura General de la Nación (SIGEN), un comunicado de la Universidad de Buenos Aires (UBA) consideró que se trata de un intento de intervención y llevarán la discusión a la Justicia.
“La UBA es auditada y quiere seguir siéndolo, por eso solicitó formalmente a la Auditoría General de la Nación (AGN) que la vuelva a incluir en el Plan de Auditoría 2025”, inicia el documento de la institución. La AGN no fue conformada aún por falta de acuerdo entre bloques aliados del oficialismo en la Cámara de Diputados, pero aún así el texto apunta a que existen controles del Poder Legislativo y Ejecutivo, además de una Auditoría General de la Universidad y los informes de transparencia en su sitio web oficial.
En ese marco, la universidad manifestó que avanzaron en “una convocatoria nacional e internacional para que profesionales independientes realicen una auditoría especial sobre el sistema de control interno de la universidad, a fin de seguir brindando información indudable a la ciudadanía”. “La UBA rinde cuentas de todos sus fondos y es uno de los entes más controlados y auditados del sector público”, añadieron.
Auditorías de la SIGEN a universidades
Posteriormente, el comunicado apunta a que “la SIGEN no tiene competencias para auditar a las universidades nacionales” y que la Constitución “sólo le otorga funciones de control interno del Poder Ejecutivo”. “Las Universidades son autónomas y no dependen del Poder Ejecutivo Nacional. Por lo tanto, la SIGEN no tiene competencias para controlarlas, como no tiene tampoco competencias para controlar al Poder Legislativo o al Ministerio Público. Esta no es una opinión de la Universidad: es la letra de la ley”, expresaron.
Asimismo, enumeran que “la SIGEN no aporta transparencia a las Universidades. La SIGEN no publica ninguno de sus informes ni brinda ninguna información a la ciudadanía. La SIGEN no publica ningún tipo de información sobre las actividades de control que tiene que realizar sobre el Poder Ejecutivo, los Ministerios y las Secretarías de la Presidencia. En suma, su actividad no agrega nada a la transparencia pública del Estado ni a la información con que cuentan los ciudadanos”.
Finalmente, la institución aborda las acusaciones de falta de transparencia: “Detrás de la falsa discusión sobre la rendición de cuentas hay un verdadero ataque ideológico a la idea misma de la universidad pública libre, gratuita, y masiva”. “Al Poder Ejecutivo no le falta información acerca del uso que hace la Universidad de su presupuesto. La UBA le envía, todos los meses, toda la información disponible. Lo que el Ejecutivo quiere controlar es qué se enseña en la universidad, cómo se enseña y a quién se enseña”, sospechan.
“Quiere convertir a la SIGEN en su caballo de Troya para arremeter contra el corazón del sistema universitario: la libertad académica. Quiere poder decidir qué saberes o disciplinas son valiosos y cuáles no, qué docentes pueden enseñar y cuáles no, qué alumnos tienen derecho a asistir a la universidad y cuáles no”, continúa el mensaje.
Para finalizar, sostienen que “sin autonomía no hay educación libre, y solo se enseña lo que el gobierno de turno quiere, cuándo el gobierno quiere, dónde el gobierno quiere, y a quiénes el gobierno quiere”. “Para terminar de despejar cualquier tipo de sospecha respecto a la voluntad de la UBA de someterse a todos los controles legales existentes, además de solicitar una auditoría externa independiente, la Universidad ha decidido llevar la controversia respecto a quién debe ejercer el control interno sobre las casas de altos estudios ante el Poder Judicial”, prometieron.
Para Pettovello no hay “colisión” entre la autonomía y autarquía universitaria y las auditorías de la SIGEN
A través de un comunicado titulado “Auditar a las universidades es garantizar la autarquía”, el Ministerio de Capital Humano ratificó su postura con respecto a las revisiones de cuenta realizadas a las universidades nacionales públicas a través de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN).
Se espera que el organismo avance con la revisión de cuentas de 61 universidades nacionales públicas, para lo que revisarán 2.200 convenios con otras dependencias del Estado o empresas públicas. Así lo ratificó la cartera bajo la conducción de Sandra Pettovello, que en su documento sostiene que con este proceso busca “garantizar la regularidad financiera y la legalidad de los procedimientos para la utilización de recursos públicos y el régimen de responsabilidad de los funcionarios, imponiéndoles la obligación de rendir cuentas de su gestión; además de implementar un sistema de control interno”.
Es en ese marco es que el ministerio ratifica que “no hay colisión entre la autonomía y autarquía universitaria y la competencia de control de SIGEN en el ámbito de las universidades nacionales”. Citando a la Ley N° 24.156, remarcan que la SIGEN está facultada a “examinar en forma sistemática e integral el control interno imperante en los organismos y entes del sector público, sus operaciones y el cumplimiento de las responsabilidades financieras, legales y de gestión”.
“El control que lleva adelante SIGEN es fundamental para una gestión pública adecuada, por cuanto implementa y supervisa el funcionamiento de herramientas que permiten advertir a la autoridad responsable del organismo o ente fiscalizado sobre los riesgos que existen en la organización a su cargo”, continúa el documento.
Finalmente, el ministerio define que “cuando no existe control se facilita la existencia de un ambiente propicio para la ocurrencia de maniobras que permiten desviar el dinero público a fines no queridos”. “La falta de control de la aplicación de los significativos fondos públicos que el Estado Nacional destina a las Universidades Nacionales posibilita que esos recursos sean utilizados con fines distintos a aquellos para los que fueron asignados”, concluye el comunicado.