La medida de la fiscalía advierte que es para “recabar la posible existencia de antecedentes”, una resolución que incluye, entre otros, al neurocirujano Leopoldo Luciano Luque y la psiquiatra Agustina Cosachov. Todos fueron imputados por presunto “homicidio simple con dolo eventual”, figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión.
Así lo dispuso el equipo fiscal a cargo de la causa y que está integrado por los fiscales generales adjuntos de San Isidro Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, y la fiscal de Benavídez, Laura Capra.
La medida alcanza al neurocirujano y médico de cabecera del “10”, Leopoldo Luciano Luque (40); la psiquiatra Agustina Cosachov (36); el psicólogo Carlos Ángel “Charly” Díaz (29); la médica coordinadora de la prepaga Swiss Medical, Nancy Edith Forlini (52); el coordinador de enfermeros Mariano Perroni (40); y los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (37).
Los fiscales dispusieron, en un dictamen al que tuvo acceso Télam, que los siete acusados comparezcan el lunes entre las 9 y 13 a la Oficina Técnica de Identificación de Personas (OTIP), ubicada en el primer subsuelo de los tribunales de la calle Ituzaingó 340 de San Isidro.
Las fuentes explicaron que no hay un horario específico para cada uno, sino que deben presentarse en el momento que puedan, dentro de la franja horaria establecida.
En su resolución, los fiscales señalaron que la diligencia es “a fin de obtener fichas dactiloscópicas de los nombrados; recabar la posible existencia de antecedentes de los mismos ante el Registro Nacional de Reincidencia y Estadística Criminal y la Sección Procesados de la Dirección de Antecedentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires y su correspondiente registro ante el Sistema de Investigaciones Criminales dependiente de la Excma. Procuración General de la Provincia de Buenos Aires”.
Una fuente judicial explicó a Télam que este trámite, que suele realizarse cuando se indaga a un imputado, aún no había sido realizado en esta causa, y que a casi un año de iniciada la investigación, es un trámite formal que debía cumplirse.
Luego de que a cada imputado se le tomen fotografías de frente y de sus perfiles y que aporten sus huellas, la OTIP envía cada ficha a la causa y realiza un informe para la fiscalía relacionado a si alguno de ellos tiene antecedentes penales.
Los siete acusados ya fueron indagados por la fiscalía entre el 14 de junio (cuando declararon Madrid y Almirón) y el 28 de junio pasado (cuando lo hizo Luque).
En tanto, este lunes a las 11, aunque en la sede de la Fiscalía General de San Isidro, en la calle Acassuso 476 de ese distrito, fue citada para que declare como testigo la bróker inmobiliaria que intervino en el contrato de alquiler de la casa del lote 45 del country San Andrés de la localidad de Tigre, donde falleció el exDT de Gimnasia y Esgrima de La Plata.
La investigación
Maradona, la mayor figura de la historia del fútbol mundial, murió a los 60 años el 25 de noviembre de 2020 al mediodía, en una casa del barrio privado San Andrés, de Tigre, donde transitaba la internación domiciliaria que está bajo investigación penal en la justicia de San Isidro.
La autopsia determinó que murió como consecuencia de un “edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada” y descubrieron en su corazón una “miocardiopatía dilatada”.
Tras las conclusiones de una junta médica, los siete profesionales de la salud, fueron imputados por “homicidio simple con dolo eventual”, figura penal que prevé de 8 a 25 años de prisión y que fue elegida por los fiscales tras una investigación en la que concluyeron que el equipo médico de Maradona fue “deficiente”, “temerario” e “indiferente”, y que sabía que el “10″ podía morirse y no hizo nada para evitarlo.