El traspié legislativo de esta semana dejó en evidencia la debilidad política del Gobierno, que ahora concentra sus esfuerzos en la campaña electoral de octubre con la expectativa de ampliar su representación parlamentaria. A esto se suma la tensión generada por las denuncias de presuntas coimas que involucran al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y que salpican directamente al presidente Javier Milei y su entorno más cercano.

El Senado aprobó el jueves la ley de financiamiento universitario y la recomposición salarial de docentes y no docentes, junto con la declaración de emergencia pediátrica y de residencias médicas en el Hospital Garrahan. En la misma sesión, la Cámara alta también rechazó cuatro decretos delegados y un DNU. La respuesta de Milei no tardó en llegar: acusó a los legisladores de “empobrecer a los argentinos” mientras aumentaban sus propios ingresos, que desde noviembre ascenderán a $6,6 millones netos.

Desde Casa Rosada confirmaron que Milei vetará cualquier norma que comprometa el equilibrio fiscal, incluyendo las sancionadas esta semana. Como en ocasiones anteriores, el Ejecutivo demorará al máximo la publicación de los vetos para ganar tiempo político. Paralelamente, el oficialismo ajusta su estrategia: se busca reforzar el rol del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, dentro del “triángulo de hierro político”, mientras el asesor Santiago Caputo intenta recomponer puentes en medio de nuevas tensiones internas y las acusaciones de corrupción.

La emergencia en discapacidad, aprobada en Diputados y a la espera de definición en el Senado, será judicializada por el Gobierno. Milei ya anticipó que, incluso si su veto es rechazado, llevará el caso a los tribunales. La estrategia oficial se basa en cuestionar la falta de financiamiento de la medida y, en menor medida, en alegar que la convocatoria a la sesión fue irregular. No obstante, la Oficina del Presupuesto del Congreso estimó que el impacto fiscal de la ley ronda entre 0,25% y 0,45% del PBI, un dato que complica el argumento oficial.

En paralelo, el Ejecutivo busca dar señales con un aumento en las pensiones por discapacidad, anuncio realizado por el vocero Manuel Adorni en la previa de la votación en Diputados. En la práctica, el objetivo sería compensar parcialmente la presión política, aunque dentro del Gobierno reconocen que también se trata de un movimiento táctico en medio de un escenario cada vez más adverso.