El Gobierno nacional presentó una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación fue realizada por el ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, con el patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio.
La denuncia alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. Según informó el Ejecutivo, tres de esas firmas contarían con licencias otorgadas por el Reino Unido para realizar tareas de exploración y/o explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte.
El Gobierno sostuvo que esas actividades violan las disposiciones de la Ley 26.659 y extendió la presentación a los accionistas Navitas Petroleum LP y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd. También incluyó a directores, gerentes, síndicos, integrantes de consejos de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados que hubieran intervenido en los hechos investigados.
Desde la Oficina del Presidente señalaron que la denuncia busca proteger los recursos naturales y reafirmar la posición argentina respecto de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes.
“El Gobierno continuará con las investigaciones y las acciones que considere necesarias” ante hechos que, según su posición, vulneren los derechos soberanos de la Argentina, indicó el Ejecutivo.
En paralelo, el presidente Javier Milei instruyó al ministro de Economía, Luis Caputo, para que priorice en la elaboración del proyecto de Presupuesto Nacional 2027 el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos estratégicos vinculados con la seguridad nacional y la protección de los intereses soberanos.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser remitido al Congreso el próximo 15 de septiembre.
Desde el Gobierno señalaron que ambas medidas forman parte de una política destinada a fortalecer las capacidades estatales para la defensa del territorio, la protección de los recursos naturales y el resguardo de los intereses estratégicos del país. (NA)