Más de 100 clínicas, sanatorios y hospitales privados de Mendoza, Córdoba, San Juan y el conurbano bonaerense iniciaron un paro de 48 horas en reclamo de una actualización de los aranceles y por las deudas que, según denuncian, mantiene el PAMI con los prestadores.

La medida comenzó este jueves y se extenderá durante todo el viernes. Durante ese período, las instituciones suspendieron la atención programada para afiliados de la obra social de los jubilados, por lo que no se realizan consultas, prácticas ni cirugías que no sean de carácter urgente.

Las guardias médicas continúan funcionando, aunque únicamente para atender situaciones de emergencia o consideradas “códigos rojos”.

La protesta es impulsada por la Cámara Argentina de Prestadores de la Seguridad Social (Capress) y cuenta con el respaldo de distintas entidades del sector. Los prestadores buscan visibilizar la delicada situación económica que atraviesan las instituciones privadas, a la que califican como de “ahogo financiero” y “extrema fragilidad”.

El principal reclamo es una actualización urgente de los aranceles que PAMI abona por las prestaciones médicas, además de la regularización de las deudas pendientes.

Desde las clínicas sostienen que los valores quedaron considerablemente retrasados frente a la inflación, lo que impactó sobre los recursos disponibles para mantener los servicios y pone en riesgo la continuidad de algunas prestaciones.

Según una carta enviada por entidades del sector al director ejecutivo del PAMI, Esteban Leguizamo, existe un retraso arancelario acumulado del 131,9% respecto de la inflación, además de demoras en los pagos.

El planteo compara la evolución de los precios con los montos que recibe el sistema privado por atender a los afiliados. Entre diciembre de 2023 y julio de 2026, la inflación general oficial acumuló un 241%, mientras que el monto abonado por PAMI por cada afiliado aumentó un 111%.

La protesta afecta a millones de jubilados y pensionados que dependen de la obra social para acceder a consultas y tratamientos en el sistema privado. Las entidades prestadoras reclaman una respuesta del organismo nacional para evitar que la situación financiera derive en nuevas restricciones de atención.