El Gobierno nacional tiene en estudio una profunda reforma del sistema previsional que contempla la eliminación de regímenes especiales, entre ellos las Cajas Profesionales, las fuerzas armadas y de seguridad, las cajas provinciales y las pensiones no contributivas. Según un informe difundido por IProfesional, estos esquemas representan el 55% del gasto en jubilaciones.

La propuesta fue elaborada por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec), que presentó al ministro de Economía, Luis Caputo, un plan para reducir el gasto previsional a la mitad —equivalente a 4,8% del PBI— mediante la eliminación de regímenes de excepción y la revisión de beneficios como las pensiones por viudez, que abarcan a más de un millón de personas.

Entre los principales puntos, el trabajo plantea una suba gradual de la edad jubilatoria, la eliminación del requisito de 30 años de aportes, la creación de un componente universal equivalente a la actual PUAM y un esquema contributivo que reconozca todos los aportes realizados. También propone habilitar el ahorro voluntario como complemento y limitar las pensiones por fallecimiento para cónyuges jóvenes, además de establecer controles más estrictos sobre las pensiones no contributivas por invalidez.

El diagnóstico de Cippec señala que el gasto previsional argentino alcanzó el 12,1% del PBI en 2020, se redujo al 8,8% en 2024 por efecto de la inflación y se prevé que en 2025 vuelva a crecer hasta el 9,4% por la aplicación de la movilidad y la incorporación de nuevos beneficiarios. Actualmente cubre a más de 9,7 millones de personas, de las cuales un 40% corresponde a regímenes especiales.

La propuesta advierte que los principales beneficiados con la reforma serían los trabajadores con menos de 30 años de aportes, los monotributistas y quienes prolongan su vida laboral. En cambio, resultaría perjudicial para asalariados con 30 años de aportes que se jubilan a la edad mínima, mujeres de 60 a 64 años, empleados públicos provinciales, docentes, magistrados y otros alcanzados por regímenes diferenciales.

El documento, titulado “Un sistema previsional equitativo y sostenible: construir consensos políticos para lograr un reordenamiento previsional”, subraya que el objetivo es ordenar un sistema que califican de “caro, injusto e ineficiente”, aunque asegura que no se modificarán derechos adquiridos.

Cippec financia sus actividades con aportes de gobiernos en un porcentaje inferior al 30% y con contribuciones empresarias que se canalizan principalmente a través de cenas anuales de recaudación.