El presidente Javier Milei dispuso un aumento del 89,8% en los salarios de los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional a través del decreto 931/25. La suba equivale al mismo porcentaje que los trabajadores de la Administración Pública Nacional lograron acumular entre enero de 2024 y julio de 2025, es decir, un incremento que a los empleados estatales les demandó un año y medio fue otorgado al gabinete de manera inmediata.

La medida generó un fuerte rechazo sindical. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la decisión como “una obscenidad frente a la crisis que atraviesa todo el pueblo argentino” y acusó a los funcionarios de La Libertad Avanza de actuar como “caraduras y sinvergüenzas”.

“Para los funcionarios las paritarias no tienen techo. Estamos frente a un verdadero salariazo de la patronal en el sector público. Finalmente no vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él”, sostuvo Aguiar en un comunicado difundido por la Asociación de Trabajadores del Estado.

El dirigente también apuntó contra el discurso oficial del Gobierno. “Es inaceptable que tengan la impunidad de aumentarse sueldos millonarios cuando los trabajadores no llegan a fin de mes y los jubilados pasan hambre. Este Gobierno mintió: dijeron que iban a terminar con los privilegios de la política y hoy están cursando un doctorado en casta”, afirmó.

Desde ATE advirtieron que el aumento del 90% para los funcionarios profundiza el malestar existente en el sector público y cuestionaron que se garantice “ingresos mensuales exorbitantes” con fondos aportados por los contribuyentes.

“Rechazamos y repudiamos que con la nuestra esta gente se asegure salarios privilegiados. Este tema deberá ser parte central del próximo plenario”, concluyó Aguiar.