Mientras el Gobierno nacional pone en marcha un programa de retiros voluntarios con el objetivo de reducir al menos 20.000 puestos de trabajo en la administración pública, durante octubre se oficializaron más de 50 nombramientos de funcionarios en distintas dependencias estatales.

El plan de reducción de personal quedó establecido mediante el decreto 1203, publicado en el Boletín Oficial el 19 de octubre. El régimen habilita a los empleados públicos que cumplan determinadas condiciones a solicitar su desvinculación voluntaria entre el 2 y el 30 de noviembre.

La iniciativa forma parte de la política de reorganización del Estado que impulsa la administración de Javier Milei, bajo el argumento de reducir estructuras y mejorar la utilización de los recursos públicos.

Sin embargo, un relevamiento de las designaciones publicadas durante octubre en el Boletín Oficial detectó más de 50 nombramientos, sin contabilizar las prórrogas de cargos existentes. De acuerdo con ese análisis, el 81 % de las incorporaciones se realizó mediante excepciones a determinados requisitos de formación, experiencia y condiciones de contratación.

Designaciones con excepciones

Entre los mecanismos utilizados aparece la autorización para designar personas que no reúnen las condiciones mínimas previstas en el artículo 14 del Convenio Colectivo de Trabajo Sectorial. Esta disposición establece requisitos de capacitación y antecedentes profesionales que, según la categoría, pueden incluir títulos universitarios, especializaciones y experiencia laboral acreditada de entre tres y seis años en funciones similares.

Más de 40 resoluciones incluyeron dispensas respecto de esas exigencias.

A esto se suma el decreto 934, del 31 de diciembre de 2025, que estableció restricciones para nuevas designaciones y contrataciones dentro del Estado nacional, aunque contempla distintas excepciones.

Uno de los nombramientos registrados durante octubre fue el de Javier Nicolás Di Prizito, quien quedó al frente de la Subsecretaría de Discurso, Monitoreo y Comunicación Digital de la Secretaría de Vocería Presidencial. Su designación quedó exceptuada tanto de las restricciones generales para contratar como de los requisitos establecidos en el artículo 14. El funcionario ya había ocupado distintas responsabilidades dentro del área de comunicación del Gobierno.

También se oficializó la designación de Arturo Alejandro Stanic como coordinador operativo de la Unidad de Comunicación de Gestión de la Jefatura de Gabinete. En este caso, la disposición no incluyó excepciones a los requisitos habituales.

El relevamiento señala que en la Jefatura de Gabinete y sus organismos dependientes el 92 % de las designaciones contó con algún tipo de dispensa. En el Ministerio de Capital Humano, otro de los organismos con mayor cantidad de nombramientos publicados, las excepciones alcanzaron al 75 %.

En el área de Salud, el porcentaje llegó al 80 %, principalmente por flexibilizaciones en las condiciones de contratación.

Entre las designaciones que no registraron esas salvedades figuran la de Pablo Masaragian al frente de la Secretaría Nacional de Discapacidad, oficializada el 9 de octubre, y la de Juan Manuel Moreno como subsecretario de Políticas de Acceso y Apoyos del mismo organismo.

Quiénes pueden acceder a los retiros

El programa de desvinculación voluntaria está destinado a trabajadores de planta permanente o con contratos por tiempo indeterminado. El régimen contempla tres grupos de posibles beneficiarios, diferenciados por edad y situación previsional.

El primero comprende a mujeres desde los 58 años y hombres a partir de los 63, siempre que cuenten con los aportes jubilatorios necesarios. El segundo incluye a mujeres de entre 58 y 64 años y hombres de entre 63 y 64, con un mínimo de 30 años de aportes. El tercer grupo alcanza a mujeres de hasta 57 años y hombres de hasta 62.

La normativa excluye de este mecanismo a distintos sectores, entre ellos integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en determinadas condiciones de servicio, personal de la Secretaría de Inteligencia de Estado, del Servicio Exterior de la Nación y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria.

Tampoco comprende a trabajadores del Sistema Federal de Manejo del Fuego, integrantes de las Orquestas, Coros y Ballet Nacionales, ni a quienes ocupen cargos docentes o funciones civiles con prestación de servicios en el exterior.

Rechazo sindical

La medida generó cuestionamientos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que realizó movilizaciones en rechazo al programa.

Desde el gremio consideran que la iniciativa constituye un mecanismo de presión sobre los empleados públicos para promover su salida de la administración nacional, y la calificaron como un plan de “despidos extorsivos”.

De esta manera, mientras el Ejecutivo busca reducir miles de puestos de trabajo mediante el régimen de retiros, los registros oficiales muestran que durante el mismo período continuaron incorporándose funcionarios en diferentes áreas del Gobierno.