Un año y tres meses después de un pedido de acceso a la información pública, el Gobierno nacional reconoció que no hizo ninguna auditoría sobre los comedores comunitarios a los que suspendió la asistencia alimentaria bajo el argumento de que “no existían”.

La solicitud había sido presentada el 16 de mayo de 2024 por la diputada bonaerense Natalia Zaracho (Frente Grande) al Ministerio de Capital Humano, conducido por Sandra Pettovello. El requerimiento se originó tras las declaraciones de la ministra y del entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse, quienes aseguraron ante el Congreso que una auditoría había detectado que “casi la mitad de los comedores no existían”.

Con esa versión, el Gobierno justificó la interrupción del envío de alimentos, lo que derivó en millones de kilos de mercadería almacenada sin distribuir, incluso al borde de su vencimiento en galpones oficiales.

La respuesta oficial a Zaracho reveló que la “auditoría resulta ser inexistente”. El propio Ministerio de Capital Humano admitió que solo se realizaron “supervisiones y verificaciones territoriales”, que no pueden considerarse auditorías según los parámetros de la Ley 24.156 de Administración Financiera.

En los registros oficiales figuran más de 35.000 comedores comunitarios. El Gobierno informó haber relevado apenas 2.193, es decir, el 6% del total. Aun si la mitad de los inspeccionados no existiera, eso representaría apenas el 3% del padrón nacional, muy lejos de lo sostenido por Posse y replicado en medios oficialistas.

Mientras tanto, organizaciones sociales y referentes barriales denunciaron que nunca recibieron visitas de auditoría y advirtieron sobre la gravedad del corte en la asistencia, que dejó sin alimentos a miles de familias.