Nación: eliminan controles del INTI y crece la polémica por el impacto en alimentos e industria

Una decisión del Gobierno nacional encendió la polémica tras la eliminación de cerca de mil servicios que brindaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), vinculados al control de alimentos, bebidas, materiales de construcción y otros procesos clave para la industria. La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la…

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Una decisión del Gobierno nacional encendió la polémica tras la eliminación de cerca de mil servicios que brindaba el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), vinculados al control de alimentos, bebidas, materiales de construcción y otros procesos clave para la industria.

La medida fue impulsada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, quien defendió la decisión al sostener que muchos de estos servicios se ofrecían a precios bajos y representaban, según su visión, un subsidio indirecto a empresas privadas financiado por el Estado.

La resolución —firmada por autoridades del organismo— generó fuertes cuestionamientos tanto internos como desde distintos sectores productivos y técnicos. Trabajadores del INTI habían advertido previamente sobre los riesgos de avanzar con esta política, señalando que podría implicar la pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante años, la desarticulación de equipos especializados y dificultades para recuperar esos conocimientos en el futuro.

Además, alertaron que en muchos casos no existe una oferta privada suficiente para reemplazar los controles que realizaba el organismo, lo que podría afectar estándares de calidad, procesos de exportación y el desarrollo tecnológico en el país.

Desde la Multisectorial de Trabajadores del INTI también rechazaron los argumentos oficiales. Cuestionaron, por ejemplo, la afirmación de que un 12% del personal estaba dedicado al control de surtidores de combustible, aclarando que en realidad se trataba de una porción mínima de la planta total.

Asimismo, remarcaron que los servicios que prestaba el organismo no eran gratuitos ni subsidiados, sino que eran abonados por las empresas que los requerían, en línea con la función del Estado de garantizar calidad, seguridad y desarrollo productivo.

La medida se enmarca en un proceso más amplio de desregulación impulsado por el gobierno de Javier Milei, y abre un debate sobre el rol del Estado en el control de calidad, la protección de los consumidores y el sostenimiento de capacidades técnicas estratégicas para la industria nacional.