La disputa judicial por la expropiación de YPF sumó un nuevo capítulo en los tribunales de Nueva York, donde los fondos Petersen y Eton Park anunciaron que presentarán un escrito ante la jueza Loretta Preska para que la Argentina sea declarada en desacato por supuestas demoras en la entrega de pruebas clave.

La estrategia de los demandantes se centra en lo que consideran un incumplimiento en el proceso de producción de pruebas. Según sostienen, el Estado argentino no habría entregado la totalidad de correos electrónicos y comunicaciones oficiales de funcionarios actuales y anteriores que fueron requeridos por la corte.

El CEO de Latam Advisors y especialista en el caso, Sebastián Maril, señaló que “los beneficiarios del fallo YPF comenzarán el largo proceso para convencer a la jueza Loretta Preska de que la Argentina está en desacato con la corte”, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

Ante esta supuesta falta de cooperación, los fondos buscan que la magistrada avance con sanciones económicas adicionales, la aplicación de presunciones adversas —dando por ciertos hechos que los correos podrían haber probado— o la imposición de plazos estrictos para forzar la entrega de la información reclamada.

Desde el Gobierno nacional rechazan los argumentos que serán presentados ante la Justicia estadounidense. De acuerdo a Maril, la posición oficial es que la Argentina ha cumplido con todas las órdenes dictadas por la jueza Preska.

En la Procuración del Tesoro sostienen que cualquier sanción en esta etapa sería prematura y vulneraría el derecho de defensa del Estado argentino como sujeto soberano.

Más allá del intercambio de correos electrónicos, el trasfondo del reclamo apunta a la identificación de activos embargables. Los fondos intentan demostrar que organismos y empresas públicas como el Banco Central, el Banco Nación o Aerolíneas Argentinas funcionan como un “alter ego” del Estado.

De prosperar ese planteo, la Justicia de Estados Unidos podría habilitar el avance sobre cuentas y bienes de esas entidades para garantizar el cobro de la sentencia millonaria dictada contra la Argentina.