Piden indagatoria de “Pepín”, Rufino y la plana mayor de YPF

La querella pedirá la indagatoria de “Pepin”, Rufino y funcionarios de la primera línea de YPF, por las irregularidades y los cientos de miles de dólares cobrados en honorarios por un abogado ligado a Rodríguez Simón por la “Operación Oil Combustibles”. La solicitud que será presentada en el juzgado de Servini involucrará a la excúpula […]

La querella pedirá la indagatoria de “Pepin”, Rufino y funcionarios de la primera línea de YPF, por las irregularidades y los cientos de miles de dólares cobrados en honorarios por un abogado ligado a Rodríguez Simón por la “Operación Oil Combustibles”.

La solicitud que será presentada en el juzgado de Servini involucrará a la excúpula de la petrolera estatal, a Fernández Lahore y Martínez Tanoira, que continúan en sus cargos.

Luego de las graves anomalías e irregularidades detectadas en la contratación por parte de YPF del abogado Marcelo Rufino –allegado Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay- para intermediar en el desguace de la petrolera Oil Combustibles, la querella pedirá en las próximas horas que se cite a declaración indagatoria a todos los involucrados en la maniobra. Eso incluye tanto al exoperador judicial del macrismo con pedido de extradición de la justicia argentina como también al expresidente de YPF Miguel Gutiérrez y a varios de los actuales gerentes que continuaron en sus cargos pese al cambio de gestión. Esa medida apuntará a Germán Vito Fernández Lahore, Vicepresidente actual de Asuntos Jurídicos que aparece firmando la contratación de Rufino, tal como reveló Ámbito y al VP de Gas y Energía Santiago Martínez Tanoira, que tenía, en 2018, un poder de representación para actuar en nombre de YPF en el marco de la quiebra y para negociar quedarse con los activos de la petrolera del Grupo Indalo. La maniobra que se analiza tiene dos aristas: la compra a “precio vil” (por debajo de su valor real) y el traspaso y firma de contratos con DAPSA y Delta que resultaron un negocio para las empresas privadas pero que perjudicaron los intereses de la petrolera estatal.

Así, la querella que encabezan los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa pedirá en las próximas horas la declaración como imputados de Rodríguez Simón (ahora por los cargos ligados al desapoderamiento de los activos petroleros), a Rufino –quien cobró al menos dos facturas de u$s 50.000 por su participación en fechas adelantadas a los registros formales del traspaso-, a Fernández Lahore (que es el que firma la contratación y sugestivamente es el que responde de manera incompleta el pedido de la jueza Servini),a Martínez Tanoira –que tenía un poder general de similares características al de Rufino- y el ex CEO Daniel González, que recibe una nota del abogado ligado a “Pepín” en el que se intenta justificar el cobro de honorarios en fechas posdatadas. Toda esa documentación que ya obra en el Juzgado Federal N°1 fue revelada por este diario y suma un capítulo más a la lista de irregularidades e inconsistencias, pero que iluminan un aspecto hasta ahora oculto: si la avanzada contra Indalo tuvo motivaciones políticas, también constituyó un importante negocio para quienes resultaron beneficiados con el reparto de activos estratégicos.

Pero hay un aspecto adicional que preocupa a los investigadores. Increíblemente, YPF se tomó tres meses para responder el requerimiento que le hizo Servini y cuando lo hizo, la respuesta fue parcial, incompleta y con una serie de omisiones en la documentación legal solicitada que llamó la atención. Es por eso que existe temor respecto al resguardo de todos los registros por parte de la petrolera estatal que hoy constituye una prueba esencial que arrojó nuevos elementos para investigar. Pese a que se presupone que debiera estar completamente sistematizada se intentará que se preserve ante cualquier intento de manipulación o de retaceo a la justicia dado que, sólo en los papeles formales, existe infinidad de datos contradictorios que exhiben, por ejemplo, a Rufino trabajando (y cobrando) en las sombras desde por lo menos dos años previos a su ingreso formal como contratado. Lo mismo para el caso Oil: cuando las propuestas de adquisición ni siquiera habían sido llevadas al Comité de Inversiones, ya dos meses antes el abogado “socio” de “Pepín” había emitido la factura por sus honorarios –fuera de todo contrato- y un mes antes de que el directorio siquiera supiese que iba a participar, YPF le pagó completo su “bono” por haber tenido “éxito” en la compra de los restos de Oil Combustibles.