El fiscal Franco Picardi reactivó la investigación por un supuesto esquema de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), al solicitar nuevas indagatorias para el ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, y un grupo de empresarios vinculados a la provisión de insumos médicos.

La medida también alcanza al presunto intermediario de droguerías Miguel Ángel Calvete y a Daniel Garbellini, quien tenía a su cargo el área de compras dentro del organismo.

Según la Fiscalía, la causa apunta a esclarecer un entramado de retornos ilegales que involucraría a más de 20 empresarios. Spagnuolo ya había sido indagado y procesado por delitos como cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con la función pública.

La investigación pone el foco en la compra de insumos médicos de alto costo —como prótesis, implantes y sillas de ruedas motorizadas— que eran gestionados a través del Programa Incluir Salud, destinado a personas en situación de vulnerabilidad sin cobertura médica.

De acuerdo a lo establecido en el expediente, este programa habría sido utilizado como plataforma para favorecer a determinados proveedores mediante un sistema de pagos ilegales y direccionamiento de contrataciones.

Además, se detectaron irregularidades como autorizaciones selectivas de comercialización, filtración de información privilegiada y coordinación entre empresas para manipular procesos licitatorios. Incluso, la Fiscalía sostiene que empresarios habrían intervenido en decisiones clave, como la fijación de precios y la selección de adjudicatarios.

Tras siete meses de investigación, el Ministerio Público concluyó que la Andis habría funcionado como una estructura discrecional orientada a concentrar beneficios económicos en proveedores específicos.

Hasta el momento hay 19 personas procesadas en la causa, mientras avanza la convocatoria a nuevas indagatorias para profundizar la investigación.