La nueva defensa de Cristian “Pity” Álvarez, acusado por el homicidio de Cristian Maximiliano Díaz ocurrido en 2018 en el complejo Cardenal Samoré de Villa Lugano, pidió suspender el juicio al considerar que el músico no cuenta con la capacidad psíquica y cognitiva necesaria para afrontar el proceso.

El abogado Javier Ignacio Baños, quien asumió la representación de Álvarez junto a su socio Sebastián Queijeiro, sostuvo que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados no comprendería actualmente la criminalidad de sus actos.

El letrado recordó que un dictamen del Cuerpo Médico Forense había determinado anteriormente que el músico no se encontraba en condiciones de ser juzgado debido a su estado psiquiátrico. Esa situación había derivado en la suspensión del proceso en 2023.

Según Baños, Álvarez presentaba un deterioro psico-orgánico compatible con un trastorno cognitivo mayor y un trastorno depresivo, que calificó como “extremadamente grave y prácticamente irreversible”.

Por ese motivo, la defensa solicitó que se realice con urgencia una resonancia magnética cerebral sin contraste y un estudio cognitivo, además de convocar a un neurólogo y a un psiquiatra para evaluar su estado actual.

La estrategia de la defensa

La defensa también cuestionó que el proceso se tramite ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Baños sostuvo que el caso debería ser juzgado por jurados populares, de acuerdo con su interpretación de las normas constitucionales y de la legislación porteña.

Además, el abogado planteó dudas sobre la capacidad de Álvarez al momento del hecho. Señaló que podría haber atravesado un estado de inconsciencia o “cortocircuito” y mencionó la posibilidad de que hubiera existido un error invencible de tipo que eliminara el dolo y la culpa.

Como alternativa, la defensa también planteó la posibilidad de que el músico haya actuado en legítima defensa, en referencia a la frase que Álvarez habría pronunciado al momento de ser detenido: “Era él o yo”.

Baños sostuvo que también debería analizarse si, en caso de haber existido una legítima defensa, pudo haberse producido un exceso en sus límites.

La defensa busca así que el proceso sea suspendido hasta que especialistas determinen si Álvarez se encuentra actualmente en condiciones de participar de las audiencias y afrontar un juicio oral.