El Gobierno nacional avanza con una profunda reestructuración del sistema de inteligencia a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia que otorgaría mayores atribuciones a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), concentrando bajo su órbita todo el esquema informativo y habilitando a su personal a realizar tareas encubiertas y aprehensiones en determinados casos.

La iniciativa, que podría publicarse en las próximas horas, amplía el poder de la SIDE —conducida por Cristian Auguadra— y redefine el funcionamiento del Sistema Nacional de Inteligencia. Según el texto al que accedió Agencia Noticias Argentinas, el artículo 2 establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto “en virtud de su sensibilidad”, con el objetivo de minimizar el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”.

Uno de los puntos más cuestionados es el artículo 19, que autoriza a los organismos de inteligencia a brindar su propia seguridad y a “repeler o hacer cesar agresiones” contra sus instalaciones, personal, operaciones o información, tanto en sedes fijas como durante desplazamientos o actividades circunstanciales. Además, se habilita al personal de inteligencia a proceder a la aprehensión de personas en el marco de tareas propias, auxilio judicial o delitos en flagrancia, con la obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas de seguridad competentes.

Desde el Gobierno sostienen que la reforma apunta a centralizar, ordenar y especializar funciones que hoy se encuentran dispersas. Según trascendió, el eje del nuevo esquema sería la creación de una “Comunidad de Inteligencia” bajo conducción de la SIDE, que articularía de manera permanente a organismos estatales de distintos ámbitos —económico, sanitario, tecnológico, climático y comunicacional— para ampliar el análisis estratégico más allá del plano estrictamente securitario.

La iniciativa también redefine competencias: la ciberseguridad quedaría bajo un nuevo Centro Nacional de Ciberseguridad en la Jefatura de Gabinete, mientras que la ciberinteligencia permanecería en el ámbito de la SIDE. A su vez, la Agencia de Seguridad Nacional se concentraría exclusivamente en tareas de contrainteligencia, dejando la investigación criminal en manos de las fuerzas de seguridad.

Otro cambio significativo es la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia Estratégica Militar (DNIEM), con la concentración de la producción estratégica en el Estado Mayor Conjunto. El oficialismo argumenta que se trata de una actualización normativa frente a amenazas tecnológicas, espionaje y posibles injerencias extranjeras.

Sin embargo, el anuncio generó un fuerte repudio en la oposición. Legisladores de distintos bloques advirtieron que el DNU —identificado como 941/2025— configura un avance hacia un “Estado policial” al declarar encubiertas todas las actividades de inteligencia y habilitar detenciones por parte de ese personal.

Desde el kirchnerismo, el diputado Leopoldo Moreau denunció que la medida elimina la conducción civil del sistema y crea una “policía secreta”. En la misma línea, el ex ministro de Defensa Jorge Taiana alertó que los cambios buscan desdibujar los límites entre defensa y seguridad interior. El socialismo y la Coalición Cívica también expresaron su rechazo, al considerar que el decreto abre la puerta al espionaje político mediante definiciones ambiguas sobre amenazas a la seguridad nacional.

La controversia llegará al Congreso: la Comisión Bicameral de Inteligencia prevé solicitar informes al Poder Ejecutivo, mientras que referentes opositores reclamaron el tratamiento inmediato del decreto en ambas cámaras para avanzar en su rechazo. En tanto, el PRO mantiene una postura expectante, aunque ya analiza el alcance de la reforma en el ámbito de control legislativo.