El fiscal federal Carlos Stornelli ordenó continuar la investigación por presunto espionaje ilegal en torno a las escuchas atribuidas a Karina Milei, aunque remarcó que no se podrá avanzar sobre las fuentes periodísticas, por mandato constitucional. Subrayó que la inviolabilidad de los domicilios de los periodistas también está garantizada, salvo orden fundada de un juez.
La decisión se conoció tras la denuncia presentada por el Gobierno, que denunció una “operación de inteligencia ilegal” luego de la difusión de audios de la secretaria general de la Presidencia. En paralelo, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue denunciada penalmente por abuso de autoridad. El abogado Gregorio Dalbón la acusó de impulsar allanamientos contra periodistas para “amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa”.
En el Congreso, senadores de distintos espacios repudiaron la prohibición dictada por el juez Alejandro Maraniello de difundir los audios de Karina Milei. En una conferencia encabezada por la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión, Carolina Moisés, legisladores de la UCR, el peronismo y Convicción coincidieron en que la medida constituye “censura previa” y defendieron la seguridad de las fuentes como principio constitucional.
El presidente Javier Milei, por su parte, acusó a “un grupo de periodistas” de integrar una red de espionaje ilegal y aseguró que “no están por encima de la ley”.
Mientras tanto, los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico denunciaron en la Cámara de Diputados haber recibido amenazas y presiones del Gobierno para frenar la difusión de audios que comprometen a funcionarios. Rial relató que un “Falcon verde” fue estacionado frente a su casa en un acto intimidatorio, mientras que Federico negó cualquier vínculo con servicios de inteligencia extranjeros y afirmó que seguirá publicando investigaciones junto a su equipo.
Ambos remarcaron que las acusaciones oficiales buscan desacreditar su trabajo periodístico y garantizaron que continuarán difundiendo pruebas sobre presuntos hechos de corrupción en la actual gestión.