El Gobierno de Río Negro firmará este lunes con Nación el traspaso de dos tramos de las rutas nacionales 22 y 151, en un acuerdo que contempla que la provincia deberá afrontar con recursos propios el costo de recuperación y mantenimiento de los corredores.

El gobernador Alberto Weretilneck suscribirá los convenios a las 13 en la Casa Rosada. Como el Gobierno nacional no aceptó transferir los fondos que se recaudan para financiar la infraestructura vial, Río Negro prevé recurrir a un crédito externo de aproximadamente US$ 60 millones con Fonplata para ejecutar las obras.

El financiamiento tendrá un plazo de 25 años, mientras que el traspaso de los corredores será por 20 años. La provincia había solicitado que la transferencia se extendiera durante 30 años, pero finalmente aceptó el mismo plazo establecido en acuerdos similares con Santa Fe y San Juan.

Según se informó, las obras previstas incluyen recuperación de banquinas, bacheo y señalización. Sin embargo, el acuerdo también establece que Río Negro podrá realizar controles de pesaje y aplicar infracciones, aunque la recaudación de esas multas deberá ser transferida a cuentas del Estado nacional.

La decisión de Weretilneck generó cuestionamientos debido a que la provincia asumirá el costo de recuperar rutas cuyo mantenimiento corresponde actualmente a Nación. El argumento del Gobierno rionegrino es que el deterioro de los corredores nacionales impacta directamente sobre la actividad y genera reclamos de los habitantes.

El conflicto que también alcanza a La Pampa

El acuerdo cobra especial relevancia para La Pampa, donde el gobernador Sergio Ziliotto también planteó la posibilidad de hacerse cargo de unos 600 kilómetros de rutas nacionales deterioradas. Sin embargo, la Provincia exige que Nación transfiera los recursos que recauda específicamente para infraestructura vial.

Uno de los principales puntos de discusión es el destino del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), cuyos fondos tienen asignación específica para el financiamiento de obras viales.

En las últimas semanas, el propio Gobierno nacional reconoció que esos recursos no están siendo destinados directamente a ese objetivo, sino utilizados en instrumentos financieros. La situación derivó en denuncias judiciales contra funcionarios nacionales y en fuertes críticas de organizaciones vinculadas a la seguridad vial.

El debate también tiene un fundamento constitucional. El artículo 75, inciso 2°, de la Constitución Nacional establece que no puede realizarse una transferencia de competencias, servicios o funciones sin la correspondiente reasignación de recursos.

En ese marco, el caso de Río Negro vuelve a poner sobre la mesa una discusión que también mantiene enfrentados a Nación y La Pampa: si las provincias deben hacerse cargo del mantenimiento de las rutas nacionales, también deberían recibir los recursos que Nación recauda para financiar esas obras.