El titular de la Corte Suprema dialogó con el ministro de Seguridad sobre la realidad que vive la provincia de Santa Fe y principalmente Rosario. El temor por el avance narco llegó tras las amenazas que sufrieron funcionarios de la justicia provincial.
El ministro de la Corte Suprema de la Nación Horacio Rosatti se comunicó con Aníbal Fernández, titular de la cartera de Seguridad, para pedirle protección para jueces y fiscales federales. El pedio llegó tras las amenazas que sufrieron el juez y el fiscal federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa y Javier Arzubi Calvo, junto a un grupo de funcionarios judiciales en Rosario.
La tensión por la escalada de violencia en Santa Fe no cesa y según supo NA, desde el ministerio de Seguridad se comprometieron a intensificar la custodia y evaluar medidas de protección.
La comunicación se dio días después de la amenaza de muerte a Murúa, y de Calvo; y de la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella mediante un mensaje de WhatsApp.
En ese contexto, intensificado por las balaceras contra las comisarias, el Servicio Penitenciario y dependencias judiciales es que Rosatti llamó al ministro de Seguridad para pedirle una mayor presencia de fuerzas de seguridad y custodia para sus funcionarios.
Los planteos al ministro de Seguridad se suman a los cuestionamientos que encabezó el gobierno provincial, detrás de los dichos del gobernador Omar Perotti, quienes reclamó mayor presencia de Nación en la tarea. A su parte, Fernández aseguró que es tarea de la policía provincial encargarse de la situación, con la asistencia del Gobierno Nacional.
“Aníbal Fernández nos pide que las provincias nos encarguemos de delitos federales como el narcotráfico. Eso demuestra que el Gobierno nacional abandona Rosario. Sólo falta que le pidan a Santa Fe custodiar las fronteras del país para que no entren armas o drogas”, apuntó Perotti.
En la misma línea, el nuevo jefe de la cartera de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brilloni, expresó que “la policía y el servicio penitenciario provincial son los pilares fundamentales de esas políticas públicas de seguridad”. “En ese entendimiento, es donde el Ministerio de Seguridad no solamente debe controlar y supervisar el ejercicio de ese gobierno y administración de fuerzas policiales, sino que además debe acompañar a asistir, motivar e incentivar para la mejor consecución del logro”, planteó.