Lo que empezó como un vodevil de provincias terminó con un ex intendente imputado y mendocinos y pampeanos en la mira. Hay 30 procesados.
El hecho investigado ocurrió en Arizona, en el sur de San Luis, una localidad que tiene poco más de 1.000 habitantes. La tesis del fiscal federal Cristian Rachid es que en ese municipio se trucharon cambios de domicilio para llevar votantes -varios desde Mendoza-, hacerlos sufragar y torcer las ajustadas elecciones a la intendencia de 2015, que se resolvieron por sólo 6 votos.
En las últimas horas trascendió que hay 30 procesados en la causa, incluido un exintendente; aunque los acusados son muchos más.
“La mayoría de los electores sospechados es de La Pampa y de Mendoza“, confirmó el fiscal ante la consulta de los colegas de Diario UNO de Mendoza. En menor proporción, también hay cordobeses y algunos puntanos. “Los mendocinos representan entre un 25 y un 30% de estos presuntos votantes irregulares”, amplió Rachid.
El Ministerio Público sostiene que estos sujetos se anotaron como arizonios pero no residían allí. Sin embargo iban a votar. Y a cambio se les habría “pagado” con licencias de conducir express y gratuitas.
Es más: según información brindada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), todos los investigados poseían domicilio real fuera de la localidad de Arizona, predominantemente en General Pico, La Pampa, y en General Alvear, Mendoza.
Un lugar donde “se conocen todos”
Son 30 las personas procesadas, aunque la cantidad de sospechados ronda los 70.
Rachid completó: “Esto estaba organizado desde la propia municipalidad. Recordemos que se trata de una de las últimas poblaciones del sur de nuestra provincia, de intenso contacto con La Pampa y Mendoza y gran actividad rural. Es, como suele decirse, uno de esos lugares ‘donde se conocen todos’“.
Durante la investigación -que tuvo varias idas y vueltas- se detectó que existían combis que iban a buscar electores a otras provincias y luego “los devolvían”.
“Y vemos que, de los sospechados, el 90% votó en las PASO y en las generales de aquel 2015, pero no fueron al balotaje“, sumó el fiscal. Es que en la segunda vuelta, claro, ya no se elegían autoridades municipales.
Ariel Figueroa, hijo del imputado exintendente Pedro Figueroa, ganó las elecciones del 2015 en Arizona.
A lo largo de la pesquisa hubo allanamientos en la Municipalidad y el Registro Civil. “En el municipio encontramos carpetas de trámites en las que se concedían licencias sin haberse presentado ni siquiera un certificado médico -retomó Rachid-. Tampoco se cobraban tasas. Lo mismo en el Registro; vimos trámites sin el timbrado correspondiente y cambios de domicilio donde no se había aportado ni siquiera la copia de una boleta de servicio“.
El fiscal apuntó que aunque estos episodios pueden parecer de película, son una realidad frecuente a lo largo y ancho del país: “Afortunadamente, a diferencia de los que ocurría en 2015, hoy existe una acordada de la Cámara Nacional Electoral que permite interrumpir esos procesos si hay indicios de que se están cometiendo irregularidades“.
Arizona, una localidad puntana con crepúsculos arrebolados y algunas sospechas electorales.
Los roles
La causa se inició con una denuncia efectuada en septiembre de 2015, donde se puso en conocimiento que en el municipio “existían personas que ejercían su derecho a sufragar pero que no se domiciliaban en esa localidad”.
“No tengo registro de otro caso en el país en el que se haya logrado deslindar el rol que cumplía cada uno en un delito como este“, sintetizó Rachid, que a lo largo de más de un año reconstruyó una trama que compromete al ex intendente Pedro Figueroa, policías, la jefa del Registro Civil, testigos falsos y los presuntos electores truchos.
“Como suele suceder con todo caso que posee ribetes políticos, se multiplicaron las chicanas. A mí me acusaron alternativamente de kirchnerista y de macrista. Y en cada incidente se demoraba el avance”, siguió el entrevistado.
El fiscal federal Cristian Rachid.
La pelota está en Mendoza
Actualmente, el procesamiento está apelado y debe ser confirmado -o no- por la Cámara Federal de Mendoza. “Por ahora estamos hablando de 30 procesamientos, más tarde tendremos que ver qué ocurre con el resto de las imputaciones”.
El exintendente Figueroa, la titular del Registro Civil, cuatro policías provinciales y nueve presuntos testigos falsos están acusados de participar en la maniobra en la que quince personas denunciaron domicilios falsos para quedar ilegítimamente habilitadas para votar por el hijo del jefe comunal, Ariel Figueroa.
Rachid añadió que, en 2015, el circuito electoral 111 Arizona-San Luis estaba compuesto por 852 electores en total; con lo cual los delitos imputados pudieron incidir “efectiva e ilegítimamente” en más del 8% del padrón de la localidad.
Y si bien el fiscal evitó dar nombres, sí informó que sobre los mendocinos sospechados de truchar elecciones recae la acusación de haber presentado domicilios falsos -con pena de hasta 4 años de prisión- en concurso con falsificación de instrumento público -hasta 6 años de prisión-.
Por otro lado, sobre el ex intendente Figueroa recae “una imputación por haber hecho estas maniobras en 57 y 52 casos respectivamente, en concurso real”.