La exministra de Educación de Santa Fe y actual legisladora provincial por el Frente Amplio por la Soberanía (FAS), Claudia Balagué, decidió renunciar a Argentinos por la Educación luego del encuentro que la organización mantuvo con el presidente Javier Milei.
En una carta, la diputada provincial cuestionó la postura adoptada por la organización y calificó de “inadmisible” que validara el rumbo del Gobierno nacional en materia educativa mientras, según sostuvo, se profundiza el desfinanciamiento de los distintos niveles de enseñanza y de las universidades.
Balagué explicó que hasta hace un tiempo integraba un espacio en el que exministros de Educación podían realizar aportes para mejorar el sistema educativo argentino, pero consideró que ese objetivo se fue desdibujando y dejó de representarla.
La exfuncionaria también cuestionó que una organización dedicada a la defensa de la educación pública acompañara institucionalmente una agenda centrada en los avances en alfabetización sin mencionar el fuerte recorte presupuestario que, según planteó, afecta al sistema educativo nacional y universitario.
En ese marco, respaldó los planteos del especialista en economía de la educación Alejandro Morduchowicz y señaló que sus análisis permiten observar el impacto concreto de las políticas presupuestarias sobre las escuelas y las comunidades educativas.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo relacionado con la reducción de los recursos destinados a educación y cultura. De acuerdo con los relevamientos técnicos mencionados por Balagué, el gasto nacional en estas áreas pasaría de representar el 1,42% del Producto Bruto Interno (PBI) en 2023 al 0,79% proyectado para 2027. La comparación implica una caída real del 44%, según sus cálculos.
También cuestionó la situación salarial de los docentes y la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), al considerar que se trata de una herramienta que permitía otorgar mayor previsibilidad a los ingresos del sector y reducir las diferencias entre las distintas jurisdicciones.
Balagué sostuvo que el salario docente debería ocupar un lugar estratégico dentro de la política educativa para favorecer la incorporación y permanencia de profesionales. En ese sentido, advirtió sobre una fuerte pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación durante los últimos años.
Otro de los puntos señalados fue el financiamiento del Plan Nacional de Alfabetización. La legisladora afirmó que, mientras el programa es presentado públicamente como una política prioritaria, su presupuesto sufrió un recorte de $35.288 millones, quedando, según indicó, en torno al 0,06% del PBI.
Finalmente, manifestó su preocupación por la situación de las universidades y por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario aprobada por el Congreso. Para Balagué, estas medidas forman parte de un proceso de desfinanciamiento que afecta las capacidades de las provincias, debilita el federalismo y compromete el desarrollo científico y profesional del país.

