Solo dos meses atrás, Benjamín Equiza, de 7 años, protagonizó un fallo inédito: la Justicia le dio la razón a la familia en que no debía volver a cursar segundo grado, que había aprobado como alumno libre, pese a la orden del ministerio de Educación bonaerense que lo obligaba a repetir. El caso no concluyó ahí. Sumó un nuevo capítulo judicial.
Integra el grupo de chicos con altas capacidades intelectuales. Por diagnóstico de una especialista, es superdotado. Tiene ”múltiples potencialidades”, una facilidad inusual para matemática, pero también un “alto razonamiento verbal, poder de abstracción e inteligencia rica y muy creativa”.
Esos talentos, que aparentan ser una ventaja, muchas veces se convierten en una pesadilla. El niño se aburría en clase, no quería ir a la escuela, le costaba socializar con sus compañeros, cada tanto incluso somatizaba con vómitos cíclicos. Decidieron adelantarlo, que en 2020 rindiera libre segundo grado en la Ciudad de Buenos Aires. Aprobó con sobresaliente cada una de las materias y obtuvo el certificado.
La trama judicial se desató en tercer grado, cuando ya había cursado medio año en un colegio privado de La Plata. La Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) bonaerense desconoció el título y lo obligó a volver a hacer segundo grado. Paradoja mediante, le pedían que repitiera a uno de los pocos chicos que había acreditado aprendizajes en un año, el primero de la pandemia, en el que todos los alumnos habían promocionado sin importar su nivel de conocimientos.
La familia presentó un amparo que, aunque con demoras, se decantó favorable. El pasado 3 de marzo, el Juez Federico Atencio, del Juzgado de Garantías N°1 de la provincia de Buenos Aires, respaldó la validez del certificado emitido por CABA -que dicho sea de paso tiene validez nacional- y ordenó que el ministerio confeccionara un plan pedagógico que se adaptara a las necesidades de Benjamín.
El niño comenzó cuarto grado y, cuando parecía que la disputa judicial había quedado en el pasado, la cartera educativa apeló el fallo. No puso objeciones a permitir que siguiera en cuarto, pero sí recurrió la parte que ordena la elaboración de un plan de enseñanza-aprendizaje personalizado para el niño.
“En el ministerio se la pasan diciendo que son una cartera inclusiva, pero se manejan como si fueran todo lo contrario. Ni siquiera le pueden dar continuidad a lo que dejó la gestión anterior. En el medio están los chicos y el daño que les generan es enorme. Los rompen por todos lados. No hay una conciencia real del daño y por eso ponen palos en la rueda”, le dijo Soledad Heith, madre del niño, a este medio.
Quince días después, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata rechazó la apelación y le dio la razón a la familia. Por mayoría, ratificaron el fallo de primera instancia: la cartera educativa tiene que elaborar un plan pedagógico a medida y pagar las costas.
“La Cámara confirmó por mayoría la sentencia de primera instancia en todos sus términos”, celebró Fabiana Rogliano, la abogada de la familia, especializada en niñez y adolescencia. La letrada ya tuvo una primera reunión con la secretaria administrativa para la elaboración del plan. Allí propuso que los docentes se capaciten con Mensa, una asociación internacional de superdotados que tiene su sede local.