La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires resolvió suspender por 90 días a la jueza Julieta Makintach, en el marco de una investigación disciplinaria por su presunta participación en la grabación de un documental vinculado al juicio por la muerte de Diego Armando Maradona.
La decisión fue tomada de manera unánime por los ministros del máximo tribunal provincial, que consideraron que la conducta de la magistrada fue “inconciliable con el decoro y la prudencia que exige el ejercicio de la función judicial”.
La medida disciplinaria rige desde este miércoles y se extenderá hasta fines de agosto, durante el cual se analizará su actuación conforme a lo establecido en la Ley N° 13.661, que regula el enjuiciamiento de magistrados bonaerenses.
“Falta de sobriedad y mesura”
La Corte expresó en su resolución que el accionar de Makintach evidencia “características inusitadas” al haber intervenido en la realización de un material audiovisual referido al proceso judicial que tenía a su cargo. Esto, advirtieron, implicaría una grave incompatibilidad con la responsabilidad institucional que debía ejercer en ese contexto.
Asimismo, el fallo remarcó que su comportamiento reflejó “una conducta alejada de la sobriedad, la mesura y la corrección exigibles a todo servidor público del Poder Judicial”.
La resolución fue firmada por la presidenta del cuerpo, Hilda Kogan, el vicepresidente Sergio Gabriel Torres, y el ministro Daniel Fernando Soria.
Denuncia y videos
La jueza fue denunciada luego de que se difundieran videos en los que se la ve transitando los pasillos del Palacio de Tribunales de San Isidro acompañada por un camarógrafo, y dando declaraciones vinculadas al juicio, en un contexto que no respetaba la reserva del proceso.
Las imágenes generaron alarma dentro del sistema judicial al comprobarse que personas ajenas al personal autorizado se encontraban dentro de la sala de audiencias, grabando sin permiso y en contravención a las normas vigentes.
En su defensa inicial, Makintach negó cualquier vínculo con la productora que realizaba el material, aunque luego se supo que uno de los responsables del proyecto audiovisual era su hermano, lo que agravó aún más su situación.
Actualmente, la causa está caratulada como “Averiguación de ilícito” y tramita en la Unidad Fiscal N° 1 de San Isidro, mientras que el Tribunal Disciplinario continuará evaluando si corresponde avanzar hacia un eventual juicio político.