El abogado laboralista Julián de Diego, asesor externo del Gobierno en el proyecto de reforma laboral impulsado por la administración de Javier Milei, anticipó los principales capítulos que integrarán la iniciativa oficial. Señaló que el objetivo central es reducir la informalidad —que ubicó en torno al 50%— y facilitar la incorporación de trabajadores al empleo registrado.

En declaraciones a Splendid AM 990, De Diego afirmó que la reforma buscará que la contratación sea “flexible, fácil y sencilla”, remarcando que el costo de ingreso a la economía formal “debe ser cero” para los empleadores. Planteó que eliminar multas y sanciones asociadas al registro tardío favorecería la transición hacia la legalidad y permitiría disminuir el empleo no registrado.

También adelantó que el proyecto incluirá mecanismos para reconocer la antigüedad laboral en casos de regularización, dado que la falta de aportes en la informalidad perjudica la futura jubilación de los trabajadores. “Hay que crear puentes para que todos puedan estar dentro de la ley y acceder a empleo de calidad”, sostuvo.

De Diego describió cinco capítulos como ejes de la propuesta que elaboran los ministerios de Capital Humano, Economía y Desregulación. El primero estará enfocado en la regularización del empleo no registrado. El segundo abordará cambios en la contratación para simplificar los procedimientos y facilitar el registro. Un tercer capítulo introducirá modificaciones en las condiciones internas de trabajo, incluyendo la regulación del banco de horas en cada convenio colectivo y la revisión de la “ultraactividad” de convenios antiguos.

Los últimos puntos se centrarán en otorgar mayor flexibilidad ante la dinámica tecnológica y en el régimen indemnizatorio. Sobre este último, afirmó que se mantendrá el esquema vigente de “un sueldo por año de antigüedad o fracción mayor a tres meses”, calculado sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual. Señaló además que se excluirán conceptos no remunerativos y que se incorporará el criterio fijado por el fallo Vizzoti, que establece que si se aplican topes indemnizatorios, el trabajador deberá percibir al menos dos tercios de su mejor remuneración.

Según el especialista, también se fomentará la creación de un fondo de cese laboral que asegure el pago de la indemnización al momento de la desvinculación.