El Gobierno nacional apeló la decisión del juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el decreto que condicionaba la aplicación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente. La causa será analizada ahora por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Días atrás, el magistrado había hecho lugar a un amparo colectivo presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), universidades públicas y docentes. En su resolución, sostuvo que el Poder Ejecutivo no podía supeditar la ejecución de una ley aprobada por el Congreso a la identificación de fuentes de financiamiento y a la incorporación de partidas presupuestarias.

Por ese motivo, ordenó al Estado nacional cumplir de manera inmediata con la norma y dictar las disposiciones necesarias para hacerla efectiva.

Una ley aprobada por el Congreso

La Ley 27.795 fue sancionada en agosto de 2025 y vetada posteriormente por el presidente Javier Milei. Sin embargo, el Congreso insistió con su aprobación y rechazó el veto presidencial con la mayoría de dos tercios requerida: la Cámara de Diputados lo hizo el 17 de septiembre y el Senado completó el procedimiento el 2 de octubre.

La normativa establece mecanismos de actualización de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas, la recomposición de los salarios docentes y no docentes y de las becas estudiantiles en función de la inflación. También contempla la convocatoria obligatoria a negociaciones paritarias y la asignación de recursos para investigación.

Tras la insistencia parlamentaria, el Ejecutivo promulgó la ley mediante el decreto 759/2025, publicado el 21 de octubre de ese año. No obstante, condicionó su aplicación a la determinación de los recursos necesarios y a la incorporación de las partidas correspondientes al presupuesto.

La controversia llegó a la Justicia y, en diciembre de 2025, Cormick dictó una medida cautelar para exigir el cumplimiento de los artículos 5 y 6, vinculados con los salarios y las becas. La decisión fue confirmada por la Cámara y quedó firme el 25 de junio de 2026, cuando la Corte Suprema declaró inadmisible el recurso presentado por el Estado al considerar que no estaba dirigido contra una sentencia definitiva.

En septiembre, el juez intimó al Gobierno a acreditar el cumplimiento integral de la cautelar en un plazo de cinco días, bajo apercibimiento de aplicar multas diarias. El Ejecutivo cuestionó esa decisión y sostuvo que ya había cumplido con sus obligaciones.

Con la nueva apelación, la disputa judicial continuará en una instancia superior.

Cruces por la protesta en la Secretaría de Educación

En paralelo al conflicto judicial, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, cuestionó a los manifestantes que ingresaron el miércoles a la sede de la Secretaría de Educación, en el Palacio Sarmiento.

El funcionario sostuvo que los participantes buscaban generar un hecho revolucionario y provocar la caída del Gobierno, en alusión a las recientes protestas estudiantiles en París. También los acusó de responder a organizaciones políticas y responsabilizó por los incidentes a agrupaciones vinculadas con el Partido Comunista Revolucionario y La Mella, espacio relacionado con el diputado Juan Grabois.

Por su parte, estudiantes que participaron de la protesta aseguraron que la actividad había comenzado como una sentada pacífica para reclamar mejores condiciones para estudiar.

Uno de ellos afirmó que los jóvenes estaban sentados, escribiendo carteles y trabajando con sus apuntes cuando se produjo el operativo policial. Los manifestantes denunciaron que el procedimiento terminó con un desalojo violento y señalaron que Álvarez filmó a los estudiantes con su teléfono celular.

Las distintas versiones sobre lo ocurrido se suman a la disputa por el financiamiento universitario, en un escenario marcado por reclamos salariales, demandas presupuestarias y una controversia judicial que todavía debe resolverse.