Las universidades nacionales atraviesan una profunda crisis presupuestaria y, según un informe de la asociación civil Justicia Distributiva, el financiamiento destinado a la educación superior alcanzó su nivel más bajo en los últimos 20 años.
El relevamiento advirtió que la inversión correspondiente al programa “Desarrollo de la Educación Superior”, principal partida presupuestaria para las universidades públicas, sufrió una caída real del 29 % entre 2023 y 2025.
El estudio, difundido en la previa de una nueva Marcha Federal Universitaria, sostiene que se trata del menor nivel de ejecución presupuestaria registrado desde 2006 y alerta que el presupuesto vigente para 2026 profundiza aún más el ajuste sobre el sistema universitario.
Además, el informe remarcó el fuerte peso que tiene este recorte dentro del ajuste general del gasto público nacional. Según detallaron, la reducción en universidades representa el 4,4 % del ajuste total del Estado, el 8,4 % del recorte en Servicios Sociales y el 39 % de la disminución aplicada en Educación y Cultura.
La situación también impacta directamente sobre los salarios docentes y no docentes, debido a que gran parte de las partidas universitarias se destinan al pago de haberes.
De acuerdo al informe, en marzo de 2026 el salario de un profesor asistente con dedicación semiexclusiva se ubicó un 25 % por debajo del nivel registrado tres años atrás. Además, el sueldo promedio del sector quedó por debajo de dos tercios del promedio observado entre 2011 y noviembre de 2023.
El conflicto entre el Gobierno nacional y las universidades se intensificó luego de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, sancionada por el Congreso en octubre de 2025 tras insistir frente al veto del presidente Javier Milei.
La norma obliga al Estado nacional a actualizar las partidas de acuerdo con la inflación, recomponer salarios docentes y no docentes y fortalecer el sistema de becas estudiantiles.
Sin embargo, el Ejecutivo suspendió su aplicación argumentando que la ley no especifica las fuentes de financiamiento necesarias para sostener el incremento del gasto.
Ante esta situación, el Consejo Interuniversitario Nacional presentó una acción judicial para exigir el cumplimiento de la ley. La Justicia dictó una medida cautelar favorable al sistema universitario y consideró que el Gobierno no puede suspender una norma ratificada por el Congreso.
Actualmente, la causa se encuentra en la Corte Suprema, que todavía no emitió una resolución definitiva.