El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA) expresó su preocupación ante la posibilidad de que 26 nuevos tramos de rutas nacionales sean incorporados al esquema de concesiones privadas y cuestionó el manejo de los fondos destinados a la infraestructura vial.

Desde la organización gremial sostuvieron que existe un proceso de debilitamiento de Vialidad Nacional que, según su interpretación, podría ser utilizado como argumento para avanzar con la privatización y el cobro de peajes en más de 9.000 kilómetros de la Red Vial Nacional.

De acuerdo con documentación oficial analizada por el sindicato, entre 2024 y mayo de 2026 se recaudaron $1.503.252 millones que, por disposición legal, tenían como destino la infraestructura vial. Sin embargo, durante ese período se habrían ejecutado $394.406 millones en obras.

La diferencia supera el billón de pesos. Según la información difundida por el gremio, al 31 de mayo de 2026 unos $1.108.846 millones permanecían colocados en plazos fijos y títulos públicos. Posteriormente, el Poder Ejecutivo reconoció que parte de esos recursos se encontraba bajo administración del Ministerio de Economía en el marco de la política de equilibrio fiscal.

La secretaria general del sindicato, Graciela Aleñá, cuestionó que se plantee la falta de recursos para atender las rutas mientras fondos recaudados específicamente para el sistema vial permanecen sin ser destinados a obras.

El gremio también puso el foco en una situación que considera contradictoria dentro del nuevo esquema de concesiones. Vialidad Nacional conservaría responsabilidades de auditoría y control sobre miles de kilómetros que pasarían a manos privadas, mientras el organismo atraviesa un proceso de reducción de personal mediante un nuevo programa de retiro voluntario.

Para STVyARA, la disminución de la estructura estatal podría afectar la capacidad técnica necesaria para controlar el cumplimiento de las obligaciones de las empresas concesionarias.

Aleñá sostuvo que no resulta compatible exigir mayores tareas de fiscalización a Vialidad Nacional mientras se reduce su dotación y planteó que el deterioro de las capacidades del organismo no debería convertirse posteriormente en un argumento para delegar esas funciones en empresas externas.

El sindicato, además, rechazó que el futuro de la infraestructura vial nacional sea definido exclusivamente bajo criterios de rentabilidad privada y cuestionó un proceso que, según su postura, comienza con la falta de ejecución de recursos, continúa con la reducción de personal y termina trasladando la gestión de las rutas al sector privado.